El Acord de Fadrell insta al Gobierno a fijar medidas que permitan abaratar el recibo de la luz y el gas

El Acord de Fadrell impulsa una declaración institucional de cara al próximo Pleno con motivo de la entrada en vigor, el pasado 1 de junio, de un nuevo modelo para calcular el recibo de la luz. En la iniciativa, los grupos que conforman el gobierno municipal proponen instar al Gobierno para que, ante la situación de crisis económica y sanitaria actual, establezca medidas que frenen la especulación energética y favorezcan el abaratamiento del recibo de la luz y del gas para las familias. También proponen instar al Gobierno a garantizar la protección de las personas en situación de pobreza energética y vulnerables, mediante políticas sociales, bono social eléctrico o suministro mínimo vital para los y las consumidoras vulnerables. 
El portavoz del grupo municipal socialista, David Donate, ha apuntado que con esta iniciativa “se pone sobre la mesa el nuevo impacto que supone esta nueva forma de calcular el recibo de la luz, en el que el importe depende más de cuándo se consume y no en cuánto se consume, y se piden medidas para atajar la pobreza energética y abaratar las facturas”.  
“Desde Compromís lo tenemos claro: el suministro energético es un derecho fundamental y como tal no puede estar totalmente en manos privadas”, ha asegurado el portavoz del grupo municipal de Compromís por Castelló, Ignasi Gar
cia. “El modelo por el que apostamos es el de las comunidades energéticas, para que cada finca de pisos o grupo vecinal pueda producir su energía, entregar a  la red la que no necesita y coger de la red cuando lo necesite”, ha asegurado Garcia, para quien este modelo permite “controlar el precio de un mercado que ha demostrado ser salvaje y no tener en cuenta ni las necesidades de los hogares ni las dificultades económicas de las familias”.
Por su parte, el portavoz de Podem-EUPV Castelló, Fernando Navarro, ha manifestado que “el acceso a la energía debe ser un derecho básico garantizado por las administraciones, pero sufrimos la tensión del mercado por un régimen de oligopolio que deja al 15% del país en pobreza energética”. “Necesitamos más implicación institucional para intervenir de forma decidida en ese mercado y proteger los derechos de la ciudadanía», ha afirmado.
La declaración institucional propuesta por el gobierno municipal recoge que el aumento del recibo de la luz se debe, principalmente, al repunte en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, que ha cerrado el mes en casi los 67 euros por megavatio/hora (MWh), su nivel más alto en lo que llevamos de año. 
Por ello, la iniciativa sostiene que “se hace necesario actuar de manera decidida contra los vaivenes en los costes de producción de la energía y su repercusión en el consumidor final, especialmente en los colectivos y familias vulnerables, víctimas de la pobreza energética”, puesto que el acceso a la energía “es esencial para la calidad de vida”.