Escándalo en el Ayuntamiento de Calpe: Juzgan a un exconcejal y un funcionario por una exhumación ilegal en el cementerio
El funcionario buscaba un nicho cercano al de su abuelo para enterrar a su abuela en caso de inminente fallecimiento
En un caso que ha conmocionado a la localidad de Calpe, el exconcejal delegado de cementerios del Ayuntamiento y un alto funcionario, jefe de recursos humanos del consistorio, se enfrentan a un juicio por su presunta participación en la orden ilegal de exhumación de los restos mortales de un nicho para dar cabida a la abuela del funcionario.
El juicio se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial de Alicante.
Los hechos, que se remontan entre los años 2018 y 2019, revelan una trama sorprendente. Según las acusaciones, el edil contactó con la empleada a cargo de la administración del cementerio para indagar sobre la disponibilidad de un nicho contiguo a los restos del abuelo del funcionario. Este último, preocupado por la salud de su abuela, buscaba un lugar de descanso final para ella en caso de su inminente fallecimiento.
Sin embargo, la respuesta de la empleada reveló un obstáculo legal: el nicho en cuestión estaba ocupado por un difunto desde 1973, con derechos de uso perpetuo durante 99 años. A pesar de la negativa de la empleada para alterar la situación, la Fiscalía sostiene que los acusados ejercieron presión sobre ella para obtener la concesión, incluso instruyendo la exhumación ilegal de los restos del ocupante original del nicho.
Según la acusación, se redactó una providencia que ordenaba la exhumación y la reducción de los restos del difunto para dejar espacio a la abuela del funcionario, quien falleció poco después. Los sepultureros llevaron a cabo la operación, trasladando los restos originales a una fosa común para dar paso a la nueva sepultura.
El caso tomó un giro aún más oscuro cuando la historia se filtró a los medios de comunicación. El exconcejal, según la Fiscalía, culpó a la empleada del cementerio por la filtración y comenzó a hostigarla, amenazándola con represalias laborales.
Ante estas graves acusaciones, el Ministerio Fiscal solicita penas significativas: 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cada uno de los acusados por un delito de prevaricación en concurso con un delito contra la memoria de los muertos. Además, para el exconcejal, se solicita un año de cárcel por acoso laboral.