Calp se concentrará de nuevo en contra de la piscifactoría “ante el silencio de Conselleria”
Desde el Ayuntamiento señalan que la ampliación “puede suponer pérdidas millonarias para la economía local y los daños medio ambientales que conlleva”
El Ayuntamiento de Calp ha convocado una nueva concentración para mostrar su rechazo al proyecto de ampliación de la piscifactoría y ante la falta de respuesta de la Conselleria al recurso que interpuso el consistorio, dado que ya ha comenzado su instalación.
La protesta tendrá lugar el próximo domingo, 29 de mayo, a las 12 horas en el puerto pesquero y los asistentes recorrerán el espacio entre la Lonja y el espigón.
La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que "a pesar de que los informes ponen en duda la sostenibilidad ambiental, social y económica de la actividad de la piscifactoría, la Consellería sigue ignorándonos y sigue sin entender las pérdidas millonarias que esta instalación puede suponer para la economía local y los daños medioambientales que conlleva”.
La primera edil ha destacado que “desde el Ayuntamiento vamos a seguir insistiendo en que la ampliación de la piscifactoría es una aberración y seguiremos pidiendo a la Consellería que anule la autorización".
El Ayuntamiento de Calp presentó en abril el recurso de alzada contra la resolución de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca que otorga autorización para la ampliación de la piscifactoría ubicada en Calp en 45 jaulas flotantes, es decir, la nueva dimensión es casi 6 veces mayor que la preexistente.
Sin embargo, aclaran desde el consistorio, hasta el momento no se ha recibido respuesta de Consellería pero ya se advierte el inicio de la instalación de las nuevas jaulas en la costa calpina.
La autorización supone una concesión de 550.000m2, en un rectángulo delimitado de 1.100x500m que consta de 45 jaulas flotantes de 25 metros de diámetro y 21,5 metros de profundidad, con capacidad para producir 3.000 Tm al año.
El recurso de alzada se articula en torno a cuatro puntos: que el Estudio de Impacto Ambiental de Consellería carece del estudio de alternativas viables exigido por ley y cuya ausencia pueden suponer la nulidad del procedimiento de autorización de la actividad. Por otro lado, desde el Ayuntamiento se considera que la Declaración de Impacto Ambiental se resuelve fuera de plazo.
También se considera que no ha quedado acreditada la existencia de un Plan de Participación Pública de acuerdo con la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Y finalmente no se considera suficientemente estudiado el impacto que produciría la instalación en la economía local, cifrándose éste en una pérdida de unos 450 millones de euros. Para respaldar el recurso el Ayuntamiento adjuntó dos informes: un informe medio ambiental realizado por una consultoría ambiental y un informe de impacto económico emitido por el jefe del área de Promoción Turística y Económica del Ayuntamiento.
