Cabré: “Las políticas de integración de la Generalitat ha reducido el número de irregulares en la Comunitat”
Un total de 280.446 irregulares residen en la Comunitat
La población irregular se ha reducido en el último año en 27.858 personas
Cabré denuncia la falta de apoyo económico del Gobierno de Zapatero quien ha paralizado el Fondo Estatal de Apoyo al Inmigrante
En el campo de la integración el conseller Cabré considera “la regularización de este colectivo es esencial para lograr su plena integración en la sociedad valenciana” y es la mejor forma de acabar con una parte importante de la economía sumergida “puesto que esta situación de irregularidad documental es generadora de una actividad económica que no puede ser recaudada por el Estado”.
En contraposición a esta realidad, el gobierno central ha venido recortando desde 2009 el presupuesto del Fondo de Acogida e Integración de Inmigrantes hasta su paralización en 2011 para la mayoría de las Comunidades Autónomas y que entre las damnificadas se encuentra la valenciana.
Según los datos de un estudio elaborado por el Observatorio Valenciano de la Inmigración (OVIM), institución dependiente de la conselleria de Justicia y Bienestar Social, en la Comunitat residen 79.416 extranjeros de terceros países en situación irregular, lo que supone el 20% del total nacional. Por otra parte, el número de comunitarios irregulares que residen en la Comunitat alcanza las 201.030 personas, un 39% sobre el total nacional. De esta forma, nuestra región cuenta con un total de 280.446 extranjeros irregulares.
Los principales países de procedencia de los irregulares en la Comunitat Valenciana son el Reino Unido, Alemania y Rumanía en cuanto a los extranjeros comunitarios y Bolivia, Brasil y Marruecos respecto a terceros países no miembros de la UE.
“El colectivo extranjero residente en tierras valencianas ya supera las 877.000 personas y todas ellas se merecen actuaciones concretas por parte de Zapatero y no la pasividad con la que nos estamos encontrando en estos momentos de recesión económica” ha concretado Cabré.
Inmigrantes irregulares extracomunitarios
El conseller ha destacado que “el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha demostrado que es incapaz de resolver esta crisis económica. Una compleja situación que afecta de forma especial a los inmigrantes dado que su permiso de residencia se encuentra condicionado a la posesión de un contrato de trabajo”.
El problema de las personas irregulares se agrava aún más si cabe debido a la recesión económica en la que se encuentra inmerso nuestro país. Su situación personal se torna en drama tras perder el empleo, puesto que esto les impide obtener la legalidad, además de situarlos en un mayor grado de exclusión social.
Para Jorge Cabré, la lucha contra el desempleo tiene que ser una de las prioridades del Gobierno “más si quiere evitar la presencia de ilegales en España por la no renovación de permisos de empleo y la escasa acogida de los programas de retorno voluntario”.
El Gobierno Valenciano, al contrario que el Ejecutivo y con el fin de reducir los efectos de la recesión económica, ha disparado sus recursos institucionales a favor de la integración laboral de los inmigrantes, destinada a la formación y la orientación en aquellos sectores emergentes donde la demanda de mano de obra extranjera es mayor. Asimismo, desde la institución pública se está haciendo hincapié en el fomento del autoempleo.
Comunitarios
A nivel nacional el 21% de los ciudadanos comunitarios carecen de certificado de registro. En la Comunitat Valenciana este porcentaje se encuentra cercano al 40% siendo más llamativo el caso de los británicos y alemanes donde el 52% y el 67% carecen de certificado.
En el caso de los ciudadanos comunitarios, a pesar de que los efectos de la irregularidad documental no son tan drásticos como en el caso de los extracomunitarios, si que generan un clima de incertidumbre en los presupuestos de la Generalitat ya que complica la planificación de las políticas sociales puesto que supone un déficit extraordinario de difícil previsión y que recae íntegramente sobre las arcas valencianas.
En este sentido Cabré ha pedido al Gobierno central “que asuma su responsabilidad promoviendo campañas informativas entre los ciudadanos comunitarios para que se inscriban en el Registro Central de Extranjeros ya que se trata de una competencia propia del Estado aunque los efectos negativos recaigan exclusivamente en las Autonomías” .
