El juicio por los censos de Cabanes, el próximo 26 de febrero

El juzgado de lo Penal número 1 de Castelló ha señalado para el día 26 de febrero de 2019 el juicio por el caso de la supuesta manipulación de censos en Cabanes ocurrida hace 11 años y que estaba señalado para el pasado 10 de julio pero no se celebró por no haberse podido notificar a uno de los testigos.

Así lo ha explicado en un comunicado el teniente de alcalde de Cabanes y senador, Carles Mulet (Compromís), quien ha precisado que el testigo -que antes era imputado- al que no se le pudo notificar su obligación de comparecer en el juzgado es el yerno del empresario Jesús Ger.

Para la vista oral estaban citados catorce testigos y como único acusado constaba el vecino de la Vall d'Uixò Pascual Adsuara, procesado por haber falsificado presuntamente algunas firmas para dar de alta vecinos en el padrón local.

Carles Mulet interpuso la querella en 2007 cuando era concejal después de que "el alcalde del PP en esos días, Artemio Siurana, tres sobrinos suyos y dos dirigentes del PP local empadronaran justo antes de las elecciones municipales a decenas de vecinos de la Vall d'Uixò a 60 kilómetros de distancia, en domicilios y almacenes de su propiedad".

Según Mulet, "todos ellos estaban relacionados con el yerno del empresario Jesús Ger, propietario del complejo hostelero Marina d'Or, en la vecina localidad de Oropesa, con grandes intereses urbanísticos en Cabanes, como el PAI Marina d'Or Golf, en pleno boom urbanístico".

Mulet ha lamentado que finalmente el juicio se celebrará atendiendo a las falsificaciones de las firmas pero "no desde el punto de vista del delito electoral".

Según las mismas fuentes, la investigación que siguió a la denuncia reveló que hubo vecinos de la Vall d'Uixó que alegaron no haber autorizado dichas altas en al censo y que las firmas por las cuales se daban de alta a ciudadanos en Cabanes estaban falsificadas. En otros casos, personas que no habían residido en el municipio "ni un solo día", acudieron a votar en las municipales.

El Ayuntamiento, gobernado entones por el PP, se personó en el caso y destinó "los recursos de todos los vecinos a intentar dinamitar toda la instrucción", han asegurado las mismas fuentes, que han añadido que el consistorio "se opuso a que se avanzara en las pruebas pedidas por la acusación y pidió la archivo del caso porque no quería investigar absolutamente nada".