Compromís: "El Gobierno se niega a paralizar el procedimiento de “okupación” del poblado y cierra todas las puertas a un nuevo deslinde o el diálogo para buscar alternativas"

El Gobierno ha empezado a contestar a la preguntas escritas formuladas por el senador de Compromís, Carles Mulet, sobre el expediente de “recuperación posesoria” por parte de Costas del poblado marinero de la Torre de la Sal de Cabanes.  Estas respuestas se han aportado después del preceptivo periodo de 30 día que tenía el Gobierno y después de denunciar Mulet este incumplimiento de plazos.

La respuesta del Gobierno deja claro en primer término, que lejos de las burdas mentiras de los dirigentes del PSOE en la provincia, este expediente se ha iniciado de oficio por parte de Costas, no por ninguna iniciativa parlamentaria de la oposición. ( El senador Artemi Rallo ha quedado otra vez retratado como un mentiroso sin escrúpulos)

Y el Gobierno reitera “la obligación de la Administración General del Estado,  es llevar un registro de las concesiones existentes en el dominio público marítimo-terrestre, no figurando registros de concesiones en relación con las ocupaciones existentes en el núcleo costero Torre de la Sal (término municipal de Cabanes, Castelló).

Mulet pregunta diversas veces que ante dudas más que razonables sobre unos procedimientos de deslindes injustos, arbitrarios y plagados de errores y lagunas, si piensa paralizar este procedimiento de okupación de las propiedades, eufemísticamente denominadas como “recuperación posesorias”.

El Gobierno rechaza esta posibilidad “tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre.  También recoge la Ley la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo sobre dichos bienes, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente. Por este motivo, en el marco del trabajo que se desarrolla de detección de las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre de las que no consta título administrativo, se ha iniciado el procedimiento de investigación correspondiente, que se encuentra actualmente en fase de alegaciones y que va a continuar su tramitación con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico.

El Gobierno evita contestar al hecho de la obligatoriedad que establece la Ley de Costas de practicar. La notificación individualizada del expediente de deslinde.  O el hecho que si al cabo de un año del deslinde no se tomaba posesión de los mismos, tenían que ser reclamados por Patrimonio del Estado ante los tribunales Civiles mediante acción reivindicatoria,  estos dos hechos no tramitados correctamente son suficientes para declarar la nulidad de todo el proceso de deslinde, de hecho, el gobierno no puede acreditar como se pide en las iniciativas parlamentarias la existencia de inscripciones en el Registro de la Propiedad a nombre del Ministerio ni fichas de propiedad en el inventario de bienes del Ministerio en el poblDO. En este caso el Gobierno evita responder a lo preguntado y se va por las ramas

A las preguntas:

¿Este procedimiento se ha iniciado de oficio del Ministerio o a instancia de terceros?, en caso afirmativo, a instancias de quien?

¿Qué necesidad existía de iniciar este procedimiento ahora, cuando lleva desde 1975 en esta situación?

¿Qué piensa hacer la Administración General con esto inmuebles?

¿Plantea el derribo? ¿Piensa el Gobierno rectificar, estudiar alternativas y renovar u otorgar títulos concesionales a las personas con estos inmuebles?

¿No cree el Gobierno que se está actuando de manera injusta con este poblado?

Respuesta

En relación con las preguntas formuladas, se informa lo siguiente:

- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lleva muchos meses trabajando en la identificación de instalaciones y construcciones, en definitiva, de usos y ocupaciones del dominio público marítimoterrestre que carezcan del título que ampare esa ubicación.

Por ello, el Ministerio inicia este procedimiento de oficio, puesto que, iene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre. Asimismo tendrá la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo, sobre dichos bienes, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente.

- Nuestro litoral es la zona del territorio español más expuesta los efectos del cambio climático, (…)

- Actualmente, el procedimiento para determinar la situación jurídica en la que se encuentran los inmuebles por los que se interesa Su Señoría se encuentra en tramitación, a la espera de que los interesados aporten alegaciones y documentación acreditativa que justifique su legalidad. Una vez que finalice el procedimiento y se clarifique la situación jurídica, se decidirá, como se hace en todo caso, el destino de los inmuebles y demás instalaciones.

Una vez finalice, se analizarán con rigor todas las alegaciones que se reciban y se continuará la tramitación del procedimiento, finalizado el cual se adoptará la decisión pertinente con todas las garantías tanto para los afectados como para la administración titular del dominio público marítimo-terrestre.

El Gobierno rechaza realizar un nuevo deslinde ni estudiar alternativas.

Para el senador valencianista “ estas respuesta son realmente decepcionantes vemos a una administración insensible, de cómo desde un despacho del Paseo de la Castellana de Madrid caprichosamente abren una caja de pandora cerrada desde 1993, y empiezan a perturbar la tranquilidad de los legítimos propietarios de viviendas de barrio marinero de Cabanes, que por otras decisiones arbitrarias, quedaron afectados por la línea de Dominio marítimo terrestre porqué algún iluminado hizo unas rallas sobre el papel, y una ayuntamiento inútil ni supo alegar. Toda la tramitación se hizo mal, se generó indefensión a las personas afectas, pero al Gobierno le da completamente igual. Esperábamos por lo menos buenas palabras, no han existido, se aboca a los vecinos a luchar ante los tribunales para defender sus legítimas propiedad, es una auténtica vergüenza y decepción esta  falta de empatía”.