El GMS responsabiliza a Ferrada y a Perelló del coste final de los terrenos de la Papelera del Mijares

Esta es la más destacada de las conclusiones que aparecen en el escrito que el primer grupo de la oposición ha entregado durante la última sesión de la comisión informativa especial sobre la papelera del Mijares, que se ha celebrado con la participación de los ediles de las diferentes fuerzas políticas y en las que se han recogido testimonios de técnicos y políticos que en su día tuvieron alguna vinculación con el tema.

Para los socialistas, las declaraciones de las personas convocadas por la comisión, coinciden en señalar que las decisiones en materia de Urbanismo correspondían al entonces alcalde Alfonso Ferrada, y que respecto al tema de los terrenos de la papelera fue su criterio el que prevaleció, siendo conocedor de cual podía ser el desenlace de un asunto que ha acabado costando al Ayuntamiento de Borriana 8.594.773 euros, cantidad que ha tenido que abonar a la empresa Ameg por unos terrenos que esta mercantil adquirió en 2003 por el procedimiento de subasta pública, en el que no participó el ayuntamiento a pesar de que informes jurídicos externos requeridos por el equipo de gobierno lo aconsejaban. Ameg pagó 1.668.200 euros por esta parte del patrimonio de la desaparecida papelera.

El Grupo Municipal Socialista subraya que los responsables políticos con capacidad para tomar decisiones, debieron tener en cuenta que una vez transcurridos 5 años de la calificación de los terrenos como suelo dotacional sanitario que se produjo en 1995 con la finalidad de que se ubicase allí el Hospital de la Plana, el suelo, en virtud del artículo 75 de la LRAU, tendría que recalificarse o comprarse. Con la cobertura legal de la citada normativa Ameg solicitó en 2004 que el Ayuntamiento de Borriana se posicionase y sólo se limitó a darse por enterado, pese a que el PP disponía de mayoría absoluta y el concejal Perelló estaba al frente del área de urbanismo desde 1999.

Tras la petición de la mercantil propietaria de los terrenos para que se adopte una solución Ferrada y Perelló no actúan, pero desoyen otra vez la recomendación de un informe jurídico que posibilitaría al ayuntamiento no admitir a trámite la petición de Ameg. El alcalde Ferrada conocía el contenido de este informe que ofrecía una posibilidad al ayuntamiento que nunca llegó a aplicarse.

De las conclusiones de los socialistas cabe destacar que la inacción de los políticos que han gobernado Borriana en los últimos 15 años ha provocado la situación a la que se ha llegado con el consiguiente desembolso de dinero público y que ni Ferrada ni Perelló pueden alegar desconocimiento sobre las consecuencias de su actuación que ha desembocado en el hundimiento económico del ayuntamiento. El primer grupo de la oposición recriminó a Ferrada que no acudiese a la comisión para prestar declaración como se le solicitó, a pesar de que continua ocupando un cargo público como senador por designación territorial y percibiendo un sueldo como responsable político. Los socialistas califican la actitud de Ferrada de "desprecio a los ciudadanos, a las instituciones democráticas y propia de quien quiere evitar responsabilidades."