BURRIANA | CULTURA Y ESPECTÁCULOS

¿Qué impacto económico tiene el Arenal Sound de Burriana?

CARLOS MEDINA - 21/07/2022

300.000 sounders visitan la ciudad durante la semana de conciertos

Una semana de conciertos, 300.000 sounders ó 78 toneladas de basura recogidas. El Arenal Sound es un festival de grandes cifras. Este es el balance habitual que deja el evento en los últimos años y que podría repetirse en su undécima edición, la de 2022, cuando espera recuperar el pulso tras dos años de pandemia.

Una cita que esperan con expectación muchos hosteleros de restaurantes, bares y chiringuitos de la zona, sabedores de que esos días pueden hacer el agosto en sentido literal y figurado, ya que el paso de los miles de visitantes se nota en la caja.

También lo notan las tiendas de ultramarinos del Puerto de Burriana, así como los supermercados de la zona, donde los sounders hacen acopio de todo lo que necesitan para resistir los días de camping y conciertos.

40 millones de euros fue impacto económico que el festival dejó en la provincia en su última edición de 2019, según estudios difundidos por la propia organización. Una cifra que podría repetirse este año, con esta semana musical que se organiza del 2 al 7 de agosto.

Según las estimaciones de los organizadores, en la décima edición se habrían creado 4.500 puestos de trabajo directos e indirectos, 900 de los cuales habrían sido cubiertos por vecinos de Burriana, lo que supone casi un 20% de los empleos generados.

Unas cifras temporales pero abultadas, consecuencia de la gran afluencia de público que acoge el evento: 300.000 asistentes que lo constituyen como el segundo festival con más público de España, después del Medusa SunBeach y seguido del Viña Rock, con 240.000 asistentes.

Eso sí, a la hora de contabilizar el público hay que tener en cuenta que se contabilizan los asistentes que entran en el recinto y no los visitantes únicos. Es decir, si el festival tiene una capacidad de 50.000 personas al día, durante los seis días de duración entre el evento y sus pre-parties, suman un total de 300.000 personas.

El coste para las cuentas públicas

Sin embargo, para las cuentas públicas del Ayuntamiento de Burriana el festival no ha sido tan beneficioso, ya que la organización de un evento de estas características tiene un coste en seguridad y limpieza.

Así, aunque el festival ingresa un canon anual al consistorio, este no alcanza a cubrir todos los gastos de los que se hace cargo el ayuntamiento, aunque desde 2018 la organización se ha comprometido a realizar la limpieza de la zona tras el paso del evento, lo que aligera el gasto público en esta materia, ya que la retirada de residuos ha llegado a costar 25.000 euros en algunba edición.

El último canon acordado entre el festival y el consistorio es de 60.000 euros, a los que se suma una inversión de 15.000 con la que los organizadores de The Music Republic deben de sufragar a lo largo del año acciones culturales para el municipio.

En total, 75.000 euros que entran a las arcas públicas, frente a los 129.600 que el ayuntamiento tuvo que invertir en la última edición. Unas cifras que obligaron al Ayuntamiento a subir el canon en el año 2015, ya que hasta ese momento no alcanzaba los 10.000 euros.

El gasto más importante al que se tiene que hacer frente es el de las horas extra y el complemento de productividad que se tiene que abonar a los agentes de la policía local, una cifra que asciende hasta los 94.100 euros. A esta partida se suman otros gastos como los 14.500 euros que se gastaron en 2019 al refuerzo con policías de otros municipios o el coste en ambulancias, de 8.300 euros.

Además, hay que sumar los 12.700 euros en horas extras y complementos de productividad para los trabajadores de la concejalía de Vía Pública que trabajan durante el festival, bien sea para realizar labores de limpieza, bien para montar elementos como vallas.

Así, en 2019 las cuentas del consistorio reflejaron un balance negativo de 54.200 euros, una cifra que, eso sí, queda lejos de los 83.500 euros que costó en 2015, pero también de los años 2012 y 2017, los más baratos para el ayuntamiento, con un coste de alrededor de 27.000 euros.