El gobierno municipal solicitará el acuerdo plenario de adhesión a la Agència Valenciana de Protecció del Territori

El equipo de gobierno municipal de Burriana solicitará en el pleno  de mañana jueves 1 de julio, el acuerdo para su adhesión a la Agència Valenciana de Protecció del Territori, que implicará delegar la competencia exclusiva en la Agència en materia de disciplina urbanística en suelo no urbanizable del municipio.

Concretamente, la delegación de competencias se centra en lo referente a la protección, sanción y restauración de la legalidad urbanística, respecto a infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable de Burriana, común o protegido, que correspondan a edificaciones que se empiecen a construir a partir de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión.

La adhesión, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta en el pleno, una vez confirmada por la Dirección Gerencia, será publicada por la Agencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y la Agencia ejercerá de manera efectiva las competencias desde la fecha de publicación del acuerdo de adhesión.

Para la alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, "la Agencia Valenciana de Protección del Territorio es una herramienta fundamental que nos ayudará en la protección del territorio y concienciará a la ciudadanía sobre las construcciones ilegales, favorecerá un uso ordenado y racional del territorio y nos servirá de impulso a los trabajos de Minimización de Impacto Medioambiental en las construcciones existentes en nuestro municipio".

Así pues, ha destacado la alcaldesa, la Agència Valenciana de Protecció del Territori podrá asumir todas las competencias relativas a la protección de la legalidad urbanística, de forma que será “la única responsable de ejercerlas”, por lo que, ha matizado, “se rompe con la anterior dilucidación de la responsabilidad entre Generalitat y Ayuntamiento e identifica a una única autoridad”.

Además de la delegación de la competencia exclusiva en materia de protección de la legalidad urbanística, que pasará a la agencia, esta también ejercerá las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística en el caso de la comisión de infracciones graves y muy graves en todo el suelo no urbanizable, incluyendo la potestad de inspección, de restauración de la legalidad urbanística y la sancionadora.

Por su parte, el consistorio asumirá una serie de obligaciones, como abstenerse de incoar, tramitar y resolver expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística en el suelo no urbanizable, en el caso de edificaciones que se empiezan a construir después de esta adhesión.

Además, deberá comunicar todos los actos de uso o edificación de los que tenga conocimiento y que se lleven a cabo en suelo no urbanizable dentro del término municipal y que pueda derivar en algún tipo de infracción urbanística grave o muy grave. Así como, colaborar mediante la Policía Local en las actuaciones que se le requieran por parte de la agencia.

Respecto a las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable antes de la fecha de publicación del acuerdo de adhesión respecto a las cuales no se hubiera iniciado ningún procedimiento municipal, se delega en la Agencia la competencia exclusiva para iniciar, tramitar y resolver el correspondiente procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y sancionador.

La finalidad principal de la Agencia es velar por la utilización racional y legal del suelo, la protección del suelo rural, entendido como recurso natural escaso, limitado y no renovable, desde la perspectiva que la medida de protección más efectiva y eficaz es la prevención, mediante la inspección territorial, lo que evitará la irreversibilidad o consolidación de lo que se pueda construir ilegalmente, así como la creación en la ciudadanía de una falsa confianza.