El equipo de Gobierno medita cambiar la calificación de la papelera en el Concierto Previo de terciario a residencial para la construcción de VPO
El pago por el justiprecio de la Papelera es ya inevitable, dado que hay que hacerlo efectivo dentro de tres meses. En el presupuesto que se aprobó el lunes se acordó consignar una partida de 4.853.894 euros para hacer frente a la expropiación de los 20.482 metros de la Papelera calificados desde 1995 como suelo no urbanizable GSP Sistema General de Servicio Público para Uso dotacional Sanitario dado que la intención era ofrecer esos terrenos para que se construyera el Hospital de la Plana. Sin embargo, hay otros 16.000 m² anejos a la Papelera, que también tienen esa misma calificación, de los cuales 8.000 m² son de Promotora Desarrollos Urbanísticos AMEG, S.L., propietaria de la Papelera, que también ha solicitado que se los expropien. El fallo del Tribunal de Expropiación se espera para de aquí dos o tres meses, por lo que de producirse una valoración idéntica a la de la Papelera, como es de suponer, representará cerca de dos millones de euros más que el Ayuntamiento deberá pagar antes de que finalice el año. Así, la Papelera le habrá costado al municipio de Burriana 7 millones de euros, cifra que podría incrementarse si los propietarios de los otros 8.000 metros que faltan también piden que se les expropie, o si prospera el recurso presentado por AMEG contra el fallo del Tribunal del Justiprecio, con el que no estaban de acuerdo.
En el momento en el que se formalice el préstamo para pagarle a AMEG el Ayuntamiento se habrá endeudado casi hasta el máximo legal, sin que existan unas perspectivas claras de recuperar pronto ese dinero.
Con la recesión actual, vender los terrenos de la Papelera para uso terciario depende de una cuestión de suerte. Puede que de inmediato, cuando el Ayuntamiento se haga con la titularidad en el mes de Mayo, aparezca una empresa privada que quiera instalar allí un área comercial o de ocio, y el asunto se resuelva. Pero también cabe la posibilidad de que pasen varios lustros sin que eso ocurra, teniendo que pagar el Ayuntamiento amortizaciones e intereses, y perdiendo toda capacidad de maniobra financiera para acometer otros proyectos, como la remodelación del centro, por el elevado índice de endeudamiento. Además, existe el agravante de que mientras el inmueble, que se encuentra en estado ruinoso, sea de titularidad municipal, difícilmente va a desaparecer, ya que el derribo se calcula que puede valer unos 500.000 euros.
En estos momentos en los que ya se nota la crisis inmobiliaria, lo único que empieza a valorar el equipo de Gobierno que puede ofrecer mayores garantías de recuperar el dinero cuanto antes es destinar la Papelera a viviendas de VPO. Se trataría de permitir la construcción cuatro o cinco fincas en edificación abierta, con una zona ajardinada y piscina común, para dotar de cierto atractivo a esta urbanización. Y en caso de pasar el AVE por el trazado actualmente propuesto se propondrían barrera acústicas para impedir molestias a los vecinos. Dentro de este ámbito también se mantiene la idea de reservar alrededor de 4.000 m² para una nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil, lo que permitiría rentabilizar el solar del cuartel de la plaza de la Generalitat.
De adoptar el Ayuntamiento esta decisión, que en determinados momentos contó con la unanimidad de la anterior Corporación, aunque no llegaron a ponerse de acuerdo en la volumetría, cabría la posibilidad de que AMEG solicitara el derecho de reversión, o que el Ayuntamiento vendiera la Papelera para hacer VPO en pública subasta.
Como explicábamos anteriormente, desde 1995 los terrenos están calificados como suelo no urbanizable GSP Sistema General de Servicio Público para Uso dotacional Sanitario. El PSOE le dio esa calificación para ofrecer los terrenos a la Generalitat como enclave del futuro Hospital Comarcal de la Plana, que finalmente se construyó en Vila-real.
En 1999 los servicios jurídicos de AMEG – empresa en la que participa con un 50 % Titanbur – iniciaron un proceso que concluyó a principios del 2002 con la adquisición por parte de la firma de los créditos bancarios que pesaban sobre las instalaciones que compartían varios bancos. Los adquirentes reclamaron esa deuda en los juzgados para forzar una subasta, que se produjo en la primavera de 2003, en la que AMEG pasó a ser la propietaria.
Dos años más tarde solicitaron al Ayuntamiento, según establece la ley del suelo, que pagara un justiprecio, al no haber destinado los terrenos a su finalidad prevista, o bien que cambiaran la calificación para rentabilizar el solar.
Los cuatro grupos municipales que había entonces en el Ayuntamiento acordaron el 21 de abril de 2005 en la Comisión de Urbanismo recalificar los terrenos e iniciar una negociación con sus propietarios, para lograr acordar unas condiciones equitativas, dado que era excesivamente gravoso para el municipio expropiar unos terrenos no deseados. Sin embargo, en la Junta de Portavoces del 3 de Mayo, el concejal del Bloc, Josep Miquel Ros, pidió que antes se hiciera una valoración por parte de los técnicos municipales para establecer las bases sobre las que negociar. Los servicios técnicos municipales valoraron inicialmente la antigua Papelera El Mijares en 2.863.272 euros, una cuarta parte de la valoración aportada entonces por AMEG.
Esa valoración desató una polémica que originó que la empresa manifestara que si este asunto iba a ser objeto de controversia lo mejor era acudir a los Tribunales y que éstos establecieran cual era el justiprecio.
El 5 de agosto de 2005 AMEG presentó un PAI – que no llegó a tramitarse – que abarcaba los 20.482 metros cuadrados de la Papelera, más otros campos anejos, hasta alcanzar una superficie de 38.000 m². El proyecto incluía un estudio de detalle para recalificar el suelo dotacional en residencial, con la finalidad de construir 281 viviendas.
El 2 de febrero de 2006 la propietaria de la Papelera El Mijares, Promotora Desarrollos Urbanísticos AMEG, S.L., en un escrito dirigido al alcalde aportó siete posibles soluciones a adoptar antes de que concluyera el plazo marcado por la ley. El documento planteaba dos vías. La primera que se produjera una decisión unilateral del Ayuntamiento de recurrir a la expropiación. En esta vía sólo existía una posible solución y es que un juez a través del justiprecio determinara su valor, como finalmente ha sucedido. Para AMEG, un acuerdo de este tipo suponía inevitablemente un desembolso económico importante para las arcas municipales. Esta vía, según explicó en aquel momento el responsable de la empresa, Enrique Granell, no tenía sentido. “Si el Ayuntamiento tenía interés por los terrenos, no entiendo como en su día no acudió a pujar en la subasta”, afirmó.
La otra vía, era a través de un acuerdo entre las partes, donde se plateaban las otras seis soluciones. La primera solución de esta vía era aprobar el proyecto urbanístico presentado el 5 de agosto de 2005, que implicaba un cambio de calificación de los terrenos. En este sentido, para mantener el equilibrio del Plan General habría que trasladar la calificación de suelo dotacional a otros terrenos, por lo que se produciría la traslación del problema a otra zona. La segunda era trasladar el uso dotacional al Arenal, de conformidad con la alternativa técnica correspondiente al PAI presentado por la mercantil Urbasur Siglo XXI, S.L. perteneciente al mismo grupo Titanbur.
La tercera solución era un compromiso puramente económico, a convenir entre las partes.
Las otras tres soluciones que restaban pasaban por una permuta de terrenos, con idéntica superficie a los de la Papelera en distintas actuaciones urbanísticas tales como Novenes de Calatrava, NPR-2 y Sant Gregori, entre otros. Aquí AMEG proponía como soluciones que el Ayuntamiento según la calificación actual desarrollara y ejecutara los terrenos de la Papelera por su cuenta. Que los desarrollara la empresa privada, a través de un concurso de proyectos, que incluso podría materializar AMEG detrayendo el coste de la permuta. Por último que se cambiara la calificación actual para conferirle un uso socio-cultural u otros usos.
La posibilidad de la permuta era la que más agradaba entonces a la empresa, ya que en su opinión se daba una rápida respuesta, que no iba a comportar gasto económico alguno para el municipio.
El Ayuntamiento no dio respuesta a aquel escrito, y se inclinó por que se fijara el justiprecio, que ahora AMEG quiere cobrar en metálico, dada la actual coyuntura económica, descartando cualquiera de las soluciones planteadas anteriormente.
Me parece una necedad que hagan VPO en la unica entrada "bonita" que le queda a burriana. Será que a lo mejor quereis ver ropa tendida en los balcones como los gitanos, porque eso es lo que va a pasar, como nos paso en el barrio de la bosca con los edificios de proteccion oficial. Por que no ponen esos edificios en el centro del pueblo y eso lo dejan para mejorar el entorno de una preciosa entrada a burriana, pudiendo ademas aprovecharla como zona de ocio para los jovenes de burriana?. Pero no, creo que hay alguien que se ha empeñado en ver ropa tendida. Así es como se les ve el plumero.