El Ayuntamiento contratará un gabinete externo para que se encargue de la gestión directa de las unidades de ejecución de la carretera del Puerto

El PP va a incorporar a los presupuestos de 2010 una partida para la contratación de un gabinete externo que se encargue de la gestión directa de las unidades de ejecución de la carretera del Puerto. Aunque dependiendo de la cuantía deberá convocarse el correspondiente concurso, ya suena para este menester el gabinete del abogado urbanista, Fernando Falomir, a quien confió el Ayuntamiento la gestión directa de la unidad de ejecución A-29 en la Serratella; una actuación complicada, dado el elevado grado de consolidación de esta zona, que se resolvió satisfactoriamente tanto para los vecinos como para el municipio. Falomir, director durante algunos años de los cursos de urbanismo que se desarrollaron en Burriana durante el periodo de vigencia de la LRAU, también ha sido responsable de redactar varias modificaciones del PGOU como la realizada para incorporar los terrenos situados junto a la variante, tras ser modificado el trazado.
El alcalde, José Ramón Calpe, manifestaba a finales del año pasado que sondeaba otras fórmulas para sacar adelante el proyecto de urbanización de la carretera del Puerto condicionado por la necesidad de obtener los terrenos y su elevado coste económico.

Para Calpe en estos momentos es muy complicado que un agente urbanizador pueda realizar las unidades de ejecución previstas junto a este vial. Pese a que existe una adjudicación provisional, a Urbanizadora Vistamar, el alcalde reconoce que está sujeta a una serie de condiciones, y a la vista de la doctrina de los tribunales y lo que ha pasado en la sentencia de Llombai-Monges, para el primer edil esa vía ha quedado descartada.

Para conseguir que la Generalitat se implique en la financiación del desdoblamiento y mejora del vial que une Burriana y el Puerto falta la disponibilidad de los terrenos. Éstos se pueden obtener mediante expropiación, pero el propio alcalde recordaba que el Ayuntamiento debe pagar varios justiprecios y las posibilidades de endeudamiento ciertamente no son tan grandes como para eso. La segunda opción, que es en la que se va a trabajar, es que técnicamente se puede hacer una reserva forzosa de aprovechamiento urbanístico con una duración de tres años, de manera que pasado ese periodo los propietarios afectados, si no se les han dado el aprovechamiento, podrían exigir el pago de la expropiación, pero de momento permitiría la ocupación de los terrenos, y por lo tanto tener la disponibilidad dentro de ese periodo de tres años. Lo único que habría que pagar son las indemnizaciones por si se ha de tocar alguna casa, vallas o destruir algún elemento, que eso sí que habría que pagarlo ya.

Para obtener los terrenos necesarios deben desarrollarse diez unidades de ejecución: la C4-2, la C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, A-18.1, A-21, A-16.4 y la A-17.1, situadas a ambos lados de la carretera del Puerto, y que desde el 31 de enero de 2006 tenía adjudicadas provisionalmente Urbanizadora Vistamar.

También se está valorando sectorizar el proyecto. Quieren mirar si es posible hacer el desdoblamiento de los carriles y el gran colector de pluviales y dejar para una segunda fase, cuando la disponibilidad económica de las administraciones pueda ser mejor, lo que sería las aceras laterales, carriles bici, y todos los servicios urbanísticos que también requieren las urbanizaciones de las unidades de ejecución afectadas.