Ayuntamiento y AMEG acercan posturas de cara a conseguir una posible solución para el pago de la cuantía pendiente de la Papelera

El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe, y el concejal de Urbanismo, Javier Perelló, han mantenido esta tarde una reunión de dos horas con los representantes de la antigua propietaria de la Papelera El Mijares, Promotora Desarrollos Urbanísticos Ameg, S.L., a quienes el Ayuntamiento debe pagar 3,7 millones de euros más en concepto de justiprecio tras así reconocerlo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Poco ha trascendido de la reunión, aunque fuentes municipales han informado que existe sintonía por ambas partes de cara a alcanzar posibles soluciones. La semana próxima volverá a producirse una tercera reunión, pues la de hoy era la segunda, en la que esperan concretar una serie de decisiones que necesariamente pasan por la renuncia a los recursos anunciados por ambas partes ante el Tribunal Supremo. Todo hace indicar que entre las fórmulas que se están negociando está el pago parcial del justiprecio con terrenos municipales, así como facilitar el pago en varios plazos. También podría entrar en el acuerdo el derribo del inmueble en ruinas de la antigua Papelera para que deje de ser un peligro, además de causar una nefasta impresión en una de las entradas principales a Burriana.

El pasado 6 de noviembre el Ayuntamiento informó que había realizado el Anuncio del recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que incrementaba el justiprecio de la Papelera en 3,7 millones – 4,8 ya se habían liquidado – lo cual le permitía disponer de 30 días hábiles más para estudiar si definitivamente lo presentaba o no. El examen jurídico de la situación, pese a no parecer optimista, a causa de la claridad del artículo 3.10 del PGOU sobre la situación de los propietarios de terrenos que queden afectos a destino dotacional público, en el que se reconoce para este supuesto un aprovechamiento subjetivo de 0,75 metro cuadrado de techo sobre metro cuadrado de suelo, y al que se refería la sentencia del TSJCV, sí abre esperanzas para que el municipio intente evitar a su cargo el coste del derribo del inmueble que asciende a unos 300.000 euros. Sin embargo, esa cantidad puede que no compense, sólo valorando las costas del recurso y los intereses que habría que pagar por los tres años más que se dilataría el proceso.

Por su parte AMEG también ha anunciado el recurso y su intención de reclamar 2,5 millones de euros más, pues sostienen que el TSJCV ha calculado la edificabilidad sobre una parcela intermedia, que no es ni la neta ni la bruta, y sus asesores jurídicos esgrimen que hay que hacerlo sobre el suelo bruto. De tenerse en cuenta este recurso por parte del Supremo, el precio de la Papelera terminaría alcanzando los 11 millones de euros.

El acuerdo entre Ayuntamiento y AMEG pasa necesariamente por la renuncia a los recursos para que el tema abandone los tribunales. A partir de ahí caben varias posibilidades como que AMEG facilite al Ayuntamiento los plazos de cobro de los 3,7 millones de más que el TSJCV le ha reconocido, introduciendo la posibilidad de percibir una parte del importe en solares, que bien podrían ser de Novenes de Calatrava.

Cabe destacar que es intención del equipo de Gobierno explicar pormenorizadamente a los partidos de la oposición los acuerdos que se adopten pues no en vano el pasado 5 de noviembre se acordó por unanimidad crear una Comisión de Investigación que aclare todo lo sucedido con la Papelera desde que en 1995 se calificó el solar como dotacional para que en esos terrenos se pudiera construir el Hospital Comarcal de la Plana que finalmente se edificó en el término de Vila-real.