Bravo insiste en la necesidad de que las víctimas de delitos de odio acudan a cualquiera de las 33 oficinas de Asistencia

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha insistido en "la necesidad" de que las víctimas de delitos de odio acudan a denunciar su situación "a cualquiera de las 33 oficinas de Asistencia" que la Generalitat tiene desplegadas por las tres provincias.

En ellas se dispone de un "protocolo específico para estos casos" que ha sido validado por "organizaciones y entidades de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos y libertades como Movimiento contra la Intolerancia o el Colectivo Lambda".

La consellera ha hecho este llamamiento durante su intervención en las Jornadas de acercamiento a conductas discriminatorias y otras formas de intolerancia que se han abierto este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Valencia y en la que han participado el jefe superior del Cuerpo de Policía Nacional, Jorge Zurita, el fiscal provincial, José Ortiz, la presidenta del Tribunal Superior, Pilar de la Oliva y la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

Gabriela Bravo ha advertido que los delitos de odio son "un problema de Estado" que "no podemos dejar de combatir" porque "nadie puede sentir miedo por salir a la calle; nadie puede sentirse discriminado por pensar de otra forma o pensar diferente y tenemos la obligación de combatir cualquier conducta que ataque y que prive a la ciudadanía de una convivencia en libertad".

En este sentido, la consellera ha advertido que, en 2020, se registraron 151 delitos de odio que se produjeron en la Comunitat Valenciana donde se contabilizaron 130 víctimas. De estos hechos, el 70% fueron motivados por racismo, identidad sexual o ideología. No obstante, Bravo ha mostrado su preocupación por que estas cifras "no muestran el problema real" ya que se calcula que "sólo 1 de cada 10 casos es denunciado ante los tribunales".

Por ese motivo, ha insistido a quienes "sufran una expresión de odio a que acudan a las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito de la Generalitat". En ellas, se aplicará el protocolo específico por parte de los profesionales de las OAVD que, previo consentimiento de las víctimas, elaborarán un informe de riesgo que se trasladará a las autoridades judiciales y policiales en el caso de que se presente la correspondiente denuncia.

Asimismo, en caso de ser necesario y cuando se ha abierto un procedimiento judicial, el personal de la OAVD propondrá a los órganos jurisdiccionales medidas adecuadas de asistencia y protección.

La consellera de Justicia ha incidido en la importancia de la formación de todos los actores implicados en el ámbito de la detección, protección y persecución del delito. Por otro lado, Bravo ha recordado que "según la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat, los municipios de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de contar con un grupo de policías locales especializado en la prevención de los delitos de odio".

En este punto, Bravo ha elogiado el "esfuerzo realizado estos últimos años por la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones y asociaciones para ofrecer una respuesta común y coordinada a la hora de combatir" estas agresiones.

"Hay que conseguir que las personas afectadas tengan mayor confianza en las instituciones y en el sistema penal para que no tengan dudas a la hora de denunciar las agresiones", ha dicho la consellera y, para ello, "estamos mejorando la formación del personal de la Administración de Justicia para que estén mejor preparados para atender a las víctimas".