Bravo explica a los contratistas de obras públicas que se licitarán 74,1 millones en infraestructuras judiciales en el último trimestre de 2021

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado a los representantes de la Federación de Contratistas de Obras Públicas de la Comunitat Valenciana que, según el calendario previsto, su departamento habrá licitado en este 2021 la ejecución de infraestructuras judiciales por valor de 74,1 millones de euros.

Estas inversiones se reparten entre obras de edificios de nueva construcción, rehabilitación de existentes y grandes proyectos de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad de los juzgados de las tres provincias.

Así se lo ha explicado la consellera al presidente de Fecoval, José Luis Santaisabel, y al resto de la delegación de esta organización con la que se ha reunido este miércoles para analizar el calendario de licitaciones en las obras incluidas en el Plan de Infraestructuras Judiciales.

En este sentido, hasta el año 2023 se habrán licitado proyectos por valor de 276,9 millones de euros. De ellos, 253 se destinarán a la construcción de nueve edificios de nueva planta (Llíria, Alicante, Alzira, Gandia, Torrent, Sagunt, Villena, Villajoyosa y Sueca) y la ampliación o rehabilitación integral de otros cinco (València, Orihuela, Dénia, Xàtiva y Ontinyent).

En este sentido, la consellera ha explicado a los contratistas que en el último trimestre de 2021 se licitarán obras por valor de 45,7 millones de euros con dos grandes proyectos: la rehabilitación integral de la Real Casa de la Aduana de Valencia (sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) y el nuevo Palau de Justícia de Llíria. El primer proyecto se ha presupuestado en 28,3 millones y el segundo, en 17,4, respectivamente.

Estas obras se unirán a las ya licitadas durante este año que, en conjunto, han supuesto una inversión de 32,1 millones de euros repartidos en 67 contratos y entre los que destaca el de las obras del nuevo Palau de Justícia de Gandia que se iniciaron este mismo lunes.

Bravo ha destacado que, para el 2022 están previstas licitaciones de obras por valor de 141,9 millones de euros. Entre ellas destaca, para el primer semestre, la de la Ciudad de la Justicia de Alicante (77,7 millones) así como la de la nueva sede judicial de Alzira, que se ha presupuestado en 19,4 millones. Para el segundo semestre del año se prevén las licitaciones de los palacios de Justicia de Sagunte (13,7 millones) y Torrente (17,3 millones).

A estas grandes obras hay que sumar otros 13,8 millones de euros que se han comprometido en esta anualidad para diversos contratos en mejora de la eficiencia energética de las sedes judiciales.

En el año 2023, el presupuesto de licitaciones para nuevas infraestructuras judiciales será de 60,9 millones de euros. En el primer semestre se licitarán las obras para la ampliación de los juzgados de Ontinyent (7,7 millones) y, en el segundo, las de la rehabilitación integral del antiguo Convento de Santa Clara de Xàtiva por valor de 15 millones de euros.

Además, se trabaja con la previsión de avanzar en las licitaciones de las obras de las nuevas sedes judiciales de Villena y Sueca (de 13,7 millones de euros cada una) así como las ampliaciones de los juzgados de Dénia y Orihuela.

Tal y como ha explicado la consellera, este volumen de licitación supone "la mayor inversión en infraestructuras judiciales que se ha llevado a cabo en los últimos 15 años". Para Gabriela Bravo, estas son "inversiones reales en el parque inmobiliario judicial que, además de mejorar un servicio público esencial como es la Justicia" ayudarán "en la recuperación económica tras la COVID-19", ha concluido.