Bravo destaca que la dotación para el Turno de Oficio se ha aumentado en un 110% desde 2015

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado este lunes que, desde 2015, "se han incrementado los módulos y baremos del Turno de Oficio de forma que la Valenciana es la comunidad donde se paga más a los abogados y abogadas que prestan la asistencia jurídica gratuita".

Bravo ha realizado estas declaraciones con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra cada 12 de julio en conmemoración de la entrada en vigor, en 1996, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

En este sentido, la consellera ha recordado que los 48,7 millones de euros consignados en los presupuestos de la Generalitat de 2021 "suponen un aumento del 110 por ciento -más de doble- respecto a las cuentas autonómicas de 2015". De esta cantidad, 42,2 millones corresponden a los Colegios de Abogados y los 6,4 millones restantes a los Colegios de Procuradores.

La consellera ha explicado que, desde que en 2017 se puso en marcha el nuevo modelo de justicia gratuita "se ha trabajado bajo tres parámetros: dignidad, calidad y proximidad. Dignidad para los profesionales con unas retribuciones adecuadas que se abonan en tiempo y forma; calidad con el fomento de la especialización mediante la formación inicial y continua y, por último, proximidad para garantizar que la justicia próxima sea real y efectiva".

Respecto a la colaboración con los operadores jurídicos, se ha apostado por la especialización y de ahí surgieron iniciativas como la creación de un servicio específico de asesoramiento para el ámbito penitenciario en Alicante con casi 200 letrados y letradas inscritos; otro de inmigración y extranjería en Valencia con 26 profesionales especializados y un tercero para la orientación jurídica de personas con diversidad funcional, también en la capital de la Comunitat Valenciana.

Además, se actualizó el Reglamento de forma que se amplió la asistencia a inmigrantes (especialmente en materia de extranjería) personas con diversidad funcional o intelectual y en el ámbito penitenciario. A esta medida se unió la aprobación, el pasado 26 de febrero, del decreto del Consell para garantizar la defensa judicial efectiva, en acciones humanitarias y colectivos vulnerables.

"Esta actuación -ha dicho la consellera- está destinada a quienes carecen de recursos para litigar o que pertenecen a colectivos vulnerables como menores de edad, mayores, personas con diversidad funcional, migrantes, así como a las víctimas de violencia de género, de trata, prostitución o terrorismo".

De esta forma, el servicio de Justicia Gratuita de la Generalitat aprobó 92.277 solicitudes que reconocían este derecho, lo que significa una media de asistencia diaria de 252 personas. De ellas, 40.933 corresponden a la provincia de Alicante; 7.951 a la de Castellón y 43.393 a la de Valencia.

"Esta respuesta de la ciudadanía -ha dicho la consellera- demuestra que la apuesta del Botànic por este servicio esencial fue la decisión correcta para cubrir una necesidad incuestionable", ha señalado Bravo.

Por último, respecto a la Justicia de Proximidad, ha destacado los proyectos Justiprop y Mediaprop que están en fase de desarrollo. Ambos tienen como objetivo ofrecer servicios de asesoramiento jurídico y mediación en los municipios con menor población o físicamente alejado de los capitales de los partidos judiciales a través de los Servicios de Orientación Jurídica.