Bravo defiende que la inversión en Justicia desde 2015 permitió que la COVID-19 tuviera menos impacto en los juzgados de la Comunitat

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado que las inversiones llevadas a cabo desde 2015 han permitido que la COVID-19 "tuviera menos impacto en la actividad judicial" de la Comunitat Valenciana y que fueron "determinantes para ayudar a aliviar el atasco provocado por la suspensión de los plazos procesales" establecidos por la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2022.

Así lo ha explicado en su comparecencia ante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local en Les Corts Valencianes, donde ha explicado los detalles del Plan Reactiva Justicia que diseñó la Conselleria, pero que no fue aceptado por el Consejo General del Poder Judicial.

Bravo ha detallado cómo se implementaron medidas para proteger la salud de los profesionales que tenían que acudir a los juzgados. Por ello, se procedió a instalar barreras provisionales de protección en las sedes judiciales y repartir en ellas  guantes, mascarillas y desinfectante suficiente así como material para los institutos de Medicina Legal.

Además, se pusieron en marcha medidas para reducir la presencialidad en los juzgados y fomentar el teletrabajo como la creación de webs seguras para videoconferencias o la instalación de casi 800 portátiles para que jueces y fiscales y letrados de la Administración de Justicia pudieran teletrabajar, así como acceso remoto mediante conexiones VPN para todo el personal de la Administración de Justicia.

La consellera ha recordado que cuando el 4 de junio de 2020 se volvieron a activar los plazos procesales, “nuestros juzgados estaban preparados para asumir la actividad con seguridad gracias a los 60 planes de contingencia para la totalidad de sedes judiciales en los que se invirtieron más de 2,8 millones de euros”.

A ello hay que unir “el aumento constante de la dotación presupuestaria para refuerzos judiciales que se ha incrementado en un 554% para pasar de los 1,45 millones en 2015 hasta los 9,5 millones de euros en 2022.

Bravo ha recordado la apuesta “por la transformación digital de los juzgados que ya habíamos iniciado antes de la COVID-19 con 27,8 millones de euros y que nos permitió ser una de las comunidades autónomas que más juicios telemáticos celebró durante el periodo de restricciones a la movilidad y control de aforos en los espacios públicos”.

Según la consellera, a este esfuerzo extraordinario “se sumó a nuestra política de crecimiento constante de la planta judicial en las tres provincias ya que “desde 2010 a 2015 se crearon seis nuevos juzgados mientras que desde 2015 a 2021 se crearon 36”. Y todo ello ‒ha añadido‒ sin descuidar la modernización tecnológica y el aumento del personal”.

“Para este Consell, la Justicia ha ocupado un puesto central en la agenda política para revertir la situación en la que se encontraba en 2015”, ha dicho la consellera, que también ha añadido que “sigue pendiente ese gran pacto de Estado por la Justicia que permita superar un modelo obsoleto e ineficaz en el que, entre otras disfunciones, las comunidades autónomas debemos pagar la mayor parte de los gastos sin que nuestra capacidad de decisión se vea correspondida con nuestra aportación presupuestaria”.