Blasco emplaza al consenso para aprobar la Ley de Régimen Local

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha anunciado esta mañana tras la firma del convenio con la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, que “la Ley de Régimen Local es una ley que requiere de mucha reflexión y del consenso por parte de todo el municipalismo y, espero también, de las fuerzas políticas que están representadas en las Cortes Valencianas”.

Blasco ha indicado que esta iniciativa es un compromiso del Consell para esta legislatura. “Tengo muy avanzado lo que va a ser el texto de esta Ley y lo que confío es en las próximas semanas colaborar con el resto de grupos parlamentarios para ver si cuando se vuelva a comenzar el calendario legislativo en el mes de febrero o marzo podemos desde el Gobierno remitir a las Cortes este proyecto de régimen local”

“Es un proyecto muy importante, se trata de darle un mayor impulso a las políticas municipalistas, dotarlas de recursos económicos y de generar un marco jurídico donde el municipalismo sea protagonista en la Comunitat y al mismo tiempo tenga el consenso del resto de fuerzas políticas”, ha añadido el conseller de Solidaridad y Ciudadanía

“Efectivamente, la Ley de Régimen Local puede ayudar a mejorar los recursos de financiación de muchos municipios pero ésta es una asignatura pendiente del Gobierno de España. Además de tener un modelo de financiación que garantice los servicios básicos como son la sanidad, la educación y los servicios sociales para comunidades autónomas que tampoco el Gobierno ha sabido resolver, debe propiciar una justa distribución de financiación que compense lo que es la propia financiación del Estado, la financiación autonómica y la municipal”, ha señalado.

Blasco ha insistido en denunciar al Gobierno de España porque continúa discriminando a la Comunitat Valenciana con unos recursos que resultan absolutamente insuficientes, que ponen en peligro la calidad de los servicios públicos valencianos y que al mismo tiempo son discriminatorios respecto de los que tiene otras comunidades como Cataluña o Andalucía “donde el gobierno socialista si que llega a acuerdos mientras que a nosotros se nos niegan”, ha concluido el conseller.