El PSOE propone que el Ayuntamiento reclame responsabilidad patrimonial al Jurado de Expropiación
El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha propuesto que el Ayuntamiento de Benidorm reclame responsabilidad patrimonial al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante por no haber fijado el justiprecio, “en su momento”, de dos parcelas situadas en el barranco de Foietes, y por las que el consistorio tendrá que pagar más de 2,5 millones de euros tras una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El edil socialista ha recordado que fue el TSJ quien fijó el precio de la parcela en la sentencia, por lo que la “inacción” del Jurado Provincial ha supuesto “perjuicios económicos para el ayuntamiento”, sobre todo “por lo que tengamos que pagar de intereses”. “Tenemos que luchar para intentar que paguen parte de estos intereses por no actuar en su momento”, ha afirmado.
Martínez ha explicado que los intereses de demora empiezan a computarse a partir de los seis meses siguientes a la declaración de urgencia y necesidad de ocupación, una declaración que en este caso parece estar está fechada entre 1998 y 2004. “Todo apunta a que la declaración de urgencia fue entre estas fechas, pero la señora Caselles puede preguntarle a sus compañeros del PP cuando lo hicieron y así poder calcular a cuanto ascenderán los intereses”, ha indicado.
En cuanto a la decisión de no recurrir esta sentencia, el portavoz socialista ha explicado que si se hubiera decidido recurrir el proceso se habría prolongado dos años más como en el precedente del caso Bergia, incrementando así los intereses. De igual manera, Martínez ha recordado que en el caso Bergia el Consistorio pagó por la parcela 1,4 millones de intereses de demora y 3,6 millones de euros de principal.
Dos nuevos casos
Rubén Martínez ha avanzado que “otros dos asuntos de similares características en relación al barranco de Foietes todavía están por llegar”, y en los que el Ayuntamiento no va a poder saber la cuantía hasta que el Jurado Provincial se pronuncie, “que no lo ha hecho”, o el TSJ fije el justiprecio. “Lo que si tenemos claro es la base de referencia será el caso Bergia”, ha afirmado.
Por este motivo, Martínez ha preguntado a la edil de Urbanismo si van a decidir recurrir estas sentencias al Tribunal Supremo cuando lleguen, y en el caso de que se inadmita a trámite el recurso, quién se hará cargo de los intereses desde que se fije el justiprecio hasta que la inadmisión del Supremo. “Estos intereses los pagarán los vecinos de Benidorm, o alguien en particular”, ha sentenciado.
Para finalizar el portavoz socialista ha señalado que debido al precedente tan claro del caso Bergia, todas las sentencias que afecten a parcelas del mismo sector y tipo de suelo van a tener “inevitablemente” el mismo final que el caso Bergia. Algo que para Martínez es consecuencia de la “nefasta” gestión urbanística del PP entre los años 1997 y 2006, con un coste final que podría superar los 10 millones de euros.
