Los populares exigen responsabilidades políticas tras la sentencia del TSJ que anula la prórroga del contrato de la EDAR

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm ha exigido esta mañana “responsabilidades políticas tras conocerse la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana por la que se anula el acuerdo Plenario de 31 de mayo de 2010, relativo a la prórroga del contrato de la EDAR aprobada por el gobierno de Navarro”.

El edil popular, José Ramón González de Zárate ha recordado que “con un gobierno serio y responsable, como lo era el del Partido Popular presidido por Manuel Pérez Fenoll, el Ayuntamiento de Benidorm y la concesionaria acordaron el 16 de octubre de 2008 la finalización del contrato, sin posibilidad legal de prórroga, estableciendo igualmente que, la duración de dicho contrato se mantendría ‘hasta la tramitación de un nuevo expediente de contratación, el cual deberá ser adjudicado con anterioridad al mes de febrero de 2010’. En definitiva, NO prorrogar la concesión que finalizaba en agosto de 2010".

González de Zárate ha querido recordar asímismo que “tan sólo 11 meses después de ese acuerdo unánime, se produjo la moción de censura y, ya con Bañuls como socio del PSOE y concejal de Aguas y Agustín Navarro de alcalde, el 31 de mayo de 2010, cuando sólo faltaban 3 meses para finalizar el contrato y haciendo caso omiso de dicho acuerdo Plenario de 16/10/2008, el PSOE y Bañuls acordaron la modificación del contrato de explotación de las infraestructuras de saneamiento y depuración del municipio de Benidorm”.

“Los concejales del Partido Popular votamos en contra, ha señalado José Ramón González de Zárate, de prorrogar ese contrato hasta el 31 de agosto de 2024, porque era incumplir lo dispuesto en el Real Decreto 8/2010 del Gobierno de España presidido por Rodríguez Zapatero y por el cual se impedía a los Ayuntamientos modificaciones y prórrogas de contratos, al tiempo que advertía que era necesario el informe preceptivo del Consejo de Estado para abordar este tipo de modificaciones”.

“Además, ha manifestado Gozález de Zárate, en aquella sesión advertimos a Navarro, Bañuls y los ediles socialistas que su propuesta incumplía la Ley 30/2007 en su art. 195. No existía informe del órgano Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana y que no se sostenían sus argumentos sobre el interés público y general en el que se basaba la propuesta, limitándose ésta en realidad, tal y como indicamos entonces, a un crédito encubierto para nutrir un presupuesto de 2010 que, aunque estuviéramos en el mes de mayo, ya se encontraba en números rojos ante el despilfarro que impusieron Bañuls y el PSOE desde el mismo día de la moción de censura”.

“Recuerdo que la defensa de este asunto en el Pleno la llevó mi compañero Francisco Saval, y no quiero reproducir las palabras que le dedicó entonces Natalia Guijarro, pero imagino la cara de ésta ante la sentencia ahora recibida y firme, que ella misma está ocultando hasta hoy” ha manifestado González de Zárate.

“Y es que, hoy, y no por casualidad, ha proseguido el edil Popular, todos los argumentos sostenidos en aquella sesión plenaria por Francisco Saval, son esgrimidos por el TSJ para llegar a sentenciar que procede ‘anular la resolución del pleno del Ayuntamiento de Benidorm de 31/05/2010 al ser contraria a Derecho”.

“No nos sentimos ni contentos ni orgullosos porque se trata de una sentencia que daña a Benidorm, pero precisamente por eso, hoy procede exigir responsabilidades políticas al más alto nivel. Bañuls, Navarro y los otros 11 ediles del PSOE estaban advertidos de las consecuencias de aprobar su propia propuesta, pero entonces sólo tenían enfrente 12 ediles del Partido Popular a los que pisoteaban y ninguneaban con prepotencia y chulería después de asaltar la alcaldía y gastar a manos llenas atrayendo voluntades” ha señalado González de Zárate, quien ha recordado que “así, unilateralmente, el gobierno local prorrogó el contrato, que finalizaba en agosto de ese año, hasta 2024, y recibió a cambio la cantidad de 2’5 M/€ como canon y 5 M/€ para ejecución de inversiones”.

“Nosotros, por el PP, votamos en contra de esa prórroga y además reclamamos prudencia en aceptar y gastar ese dinero o en consumir las inversiones, pero no escuchaban a nadie, ha señalado José Ramón González de Zárate Unamuno, y hoy las consecuencias de su exclusiva responsabilidad y acción pueden ser gravísimas para las arcas municipales por lo que cabe solicitar cuantos informes jurídicos, técnicos y económicos sean necesarios para ver como actuamos, en qué situación queda esa concesión, que va a pasar con ese dinero, 2’5 Millones de euros, que ese gobierno cobró y gastó, y cuantas de las inversiones, dentro de los restantes 5 Millones de euros se han realizado y como debe actuar ahora este Ayuntamiento al respecto”.

“Se trata de que, por quien corresponda, se asuman las responsabilidades políticas y de que el resto de la Corporación actual trabajemos para abordar esta dura sentencia, atender su ejecución y paliar en la medida de lo posible las consecuencias que pueda tener para la actual economía del Ayuntamiento. Una sentencia a la que, recordó González de Zárate, el Ayuntamiento debe dar cumplimiento efectivo en el plazo de 10 días, a contar desde el pasado 8 de septiembre, fecha en la cual, con Registro de Entrada número 28.996, fue recepcionada por este Ayuntamiento, pese al inexplicable silencio mantenido hasta hoy por el alcalde y sus concejales”.