El PP lleva al Juzgado y al Fiscal las irregularidades detectadas en la supuesta adquisición de mobiliario urbano

El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, Francisco Saval, ha anunciado esta mañana el traslado al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas de las irregularidades detectadas en la documentación relacionada con la instalación de bancos en la vía pública, así como la presentación en los juzgados de un requerimiento para poder acceder al expediente de la supuesta adquisición de dicho mobiliario urbano y en defensa de los derechos legítimos de la oposición, cuyos miembros no han podido consultar dicho expediente por orden expresa del alcalde tránsfuga Agustín Navarro.

El Grupo Municipal del Partido Popular solicitó el pasado 22 de abril toda la documentación a la supuesta contratación, adjudicación y compra de dichos bancos “y más de un mes después,-recalcó Saval-, no nos han remitido ninguna documentación y se nos ha impedido la consulta del expediente. Así es como entienden la transparencia los tránsfugas que ahora gobiernan en Benidorm”, declaró Francisco Saval, tras precisar “las mentiras y las irregularidades que rodean todo lo relacionado con la adquisición de este mobiliario urbano”.

La cronología de las irregularidades denunciadas por Francisco Saval comienza el pasado 17 de marzo, cuando Agustín Navarro y los concejales Conrado Hernández, Irene Bajo y Juan Ramón Martínez, se fotografían en la Plaza del Ayuntamiento sentados en los bancos de colores, cuya instalación en las calles de Benidorm, anuncian ese mismo día. Se trataba de colocar 200 nuevos bancos como parte del Plan Mil Bancos. Posteriormente, el lunes 12 de abril, el edil Conrado Hernández aparece en un especial sobre escena urbana encargado y publicado en un medio de comunicación local, en el que ratifica los mismos extremos. El 21 de abril, el Grupo Municipal Popular denuncia ante los medios de comunicación que no había contrato para adquirir dicho mobiliario y el 22 de abril presenta un escrito pidiendo los expedientes de contratación y al que no se obtiene respuesta, salvo las declaraciones hechas ante los medios de comunicación tanto por Natalia Guijarro, como Conrado Hernández, en las que se limitan a afirmar que la contratación se ha hecho correctamente, aunque sin mostrar los contratos ni aportar prueba alguna. “Esto lo dijeron el mismo 22 de abril,-recordó Francisco Saval-, y un día después, el 23 de abril, el alcalde tránsfuga volvió a decir lo mismo cuando le preguntaron los periodistas en un desayuno con bollería que tanto le gusta organizar los viernes a Agustín Navarro. Todo fue una sarta de mentiras, porque cuando dijeron eso no tenían nada y la prueba está en un documento que demuestra que el 30 de abril autorizaron dos gastos de 58.000 euros y 40.815 euros para que se apruebe el expediente de contratación y se inicie la adjudicación de un contrato mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Por lo tanto,-declaró Saval-, ni existía contrato, ni existía expediente, ni existía resolución de adjudicación, pero los bancos ya estaban en la calle o apilados en el almacén; un almacén, por cierto, al que tampoco nos han dejado acceder para supervisar cómo se ha almacenado ese material”.

A la vista de todo ello, el edil anunció que el Grupo Municipal del Partido Popular, va a solicitar del juzgado que se requiera a este Ayuntamiento toda la información relativa al mencionado procedimiento de contratación, si lo hubiere, y su resultado; así como dar traslado al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Cuentas para que examinen esa documentación.