El Consejo de Movilidad se da el mes de agosto de plazo para plantear una propuesta de transporte alternativa a la de la Generalitat

El Consejo Asesor de Movilidad se ha dado el mes de agosto de plazo para elaborar una propuesta de mejora para el transporte urbano de Benidorm alternativa al proyecto diseñado por la Dirección General de Transportes de la Generalitat Valenciana, confeccionado sin tener en cuenta al Ayuntamiento y sus reivindicaciones.

El concejal del área, José Ramón González de Zárate, ha explicado que “la semana pasada, en una reunión mantenida en Valencia con los máximos representantes de la Dirección General, se nos trasladó que la intención de la Generalitat es renovar el proyecto actual de transporte urbano para Benidorm; una concesión a riesgo y ventura que presenta innumerables carencias y que no es un servicio público de calidad, eficaz ni eficiente, algo en lo que coincidimos la corporación y la propia ciudadanía”.

Ante esta tesitura “y la negativa de Transportes a atender la petición para crear un transporte interubano dónde los municipios de la comarca tengamos algo que decir en lo referente a las rutas, paradas y tarifas -como ocurre en el área metropolitana de Valencia-, ha llegado el momento de tomar una decisión entre todos los agentes implicados de la ciudad”.

Según ha explicado el ingeniero jefe de Movilidad del Ayuntamiento durante el Consejo, la decisión pasa por mantener las sinergias y conexiones con el resto de municipios de la comarca a través del transporte interurbano propuesto por la Generalitat, o que Benidorm asuma las competencias en materia de transportes y tenga su propio autobús de carácter únicamente urbano.

De Zárate ha recordado que “Benidorm alegó el modelo propuesto por el Consell” para el transporte urbano “al dejar al Ayuntamiento sin competencias en materia de transporte en los próximos 10-12 años, impidiéndole actuar sobre la política tarifaria o el diseño de las líneas”. Otro de los reparos del Ayuntamiento a ese modelo eran “los efectos negativos que comporta para la aplicación de las políticas de movilidad sostenible recogidas en el PMUS y el PTUS”. Una alegación que se basó en un informe municipal que aseguraba que el proyecto de la Generalitat “no arregla los problemas” en el servicio apuntados en el PTUS como la existencia de “paradas muy próximas”, “velocidad comercial baja” e “incomodidad a los viajeros”, entre otros.

Todos esos problemas, ha afirmado el edil, “hacen que hoy por hoy el autobús urbano no sea una alternativa de movilidad para residentes y trabajadores, limitando su uso al ámbito turístico”.