Bigorra: "El gobierno de Benidorm lleva más de un año tramitando la modificación del contrato de la ORA a escondidas"

"El gobierno local no ha contado que hubiera abierto un expediente sobre la modificación de la zona azul de Benidorm, mientras tenía prisas por modificar la ordenanza de movilidad. Ahora ya sabemos cuál es el verdadero motivo: ocultar que la modificación del contrato que se pretende tiene un valor estimado según los informes, de 13,5 millones de euros. Desde Compromís Los Verdes rechazamos la propuesta por la falta de transparencia manifiesta y por los informes en contra que pueden suponer un claro perjuicio económico para la ciudad".

Así de contundente se ha mostrado el concejal de Compromís y portavoz del grupo municipal Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, en la rueda de prensa en la que ha puesto de manifiesto que el gobierno local está tramitando el expediente de modificación del contrato del ORA y de la grúa desde hace más de un año, "pidiendo informes preceptivos, incluso al Consell Jurídic Consultiu, sin informar al respecto a los miembros de la oposición, incluso cuando se le preguntaba al respecto al concejal de movilidad en los plenos cuando presentaba la modificación de la ordenanza número 1. Sólo ahora, cuando ha habido un decreto sobre los informes del CJC es cuando hemos descubierto todo lo que estaba tramitando el gobierno del PP y CBM a escondidas".

Según el concejal, el gobierno local ha utilizado la aprobación plenaria sobre el Plan de Estacionamiento Sostenible (PES), efectuada en el mes de agosto de 2017, para instruir el expediente de modificación del contrato de la zona azul. "El PES indica en sus conclusiones que todo lo que propone son recomendaciones, no obligaciones, que se pueden hacer de manera total y parcial y por fases o de golpe. En ningún caso el acuerdo que se aprobó hace más de un año hace referencia a que se tenga que abrir ningún expediente de modificación del contrato de la zona azul. El gobierno ha actuado a su antojo", indicó Bigorra.

El portavoz señaló que, además de la solicitud de informes a hasta cinco departamentos del Ayuntamiento sobre esta modificación del contrato, también se pidió y se recibió informe sobre la modificación de las ordenanzas fiscales de tasas que le afectan, es decir, la relativa a los impuestos sobre retirada de vehículos y la que hace referencia a las tasas sobre el estacionamiento en vía pública.

Respecto a estos informes, Bigorra explicó que los documentos emitidos consideran que los pliegos de condiciones del contrato sí que permiten realizar la modificación, principalmente a cargo del cobro de la zona verde durante 24 horas a los no residentes que la utilizan, y hay informes que ponen "unos peros muy grandes a nivel económico", según ha señalado. Se ha referido así que a que el departamento de intervención informa con reparo, es decir, la máxima disconformidad que se puede poner, porque la modificación propuesta del contrato supondría un cambio superior al 10% de su cuantía, o lo que es lo mismo, sería superior a los 6 millones de euros. Y el informe elaborado por secretaría subraya que la modificación tiene un valor estimado de 13,5 millones de euros y que es obligatorio dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que es lo que ha pedido el gobierno. "El gobierno local ha solicitado informe al CJC sin haber comunicado nada a ningún miembro de la corporación municipal", ha criticado el concejal. El informe del Consell, de fecha de 27 de septiembre de 2018 pide que se le aporten una serie de documentos y que se le eleve una propuesta plenaria al respecto. Al comunicar este aspecto vía decreto, a los que pueden acceder los miembros de la corporación municipal, es cuando Bigorra ha descubierto la tramitación de todo el expediente desde hace más de un año.

"Vista la falta de transparencia del gobierno local, que ha actuado a escondidas, y vistos los informes que disparan la cuantía de la modificación a 13,5 millones y con un reparo económico nosotros rechazaremos la propuesta del gobierno del PP y CBM, venga en este próximo pleno o en cualquier otro, para modificar el contrato de la zona azul y de la grúa, ante el posible perjuicio económico que supondría para Benidorm", concluyó.