Benidorm garantizará la pública concurrencia en la explotación de la Estación de Autobuses
La próxima semana los técnicos municipales y la concesionaria se reunirán para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo
El Ayuntamiento de Benidorm garantizará la pública concurrencia en igualdad de condiciones para que cualquiera pueda optar a la explotación de la Estación de Autobuses. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, en una rueda de prensa en la que ha afirmado además que el consistorio acatará y dará cumplimiento a la sentencia emanada del Tribunal Supremo. Dicha sentencia ha inadmitido los recursos presentados en su día por el anterior gobierno del PP en el Ayuntamiento y, por lo tanto, confirma la sentencia del año 2007 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que consideraba que se había vulnerado el derecho a la pública concurrencia, toda vez que el pleno del Ayuntamiento había aprobado un modificado de la obra que la propia sentencia consideraba “un contrato de concesión nuevo”.
El Ayuntamiento de Benidorm había presentado un recurso de casación para la unificación de doctrina a raíz del dictamen del TSJCV, pero el mismo fue presentado fuera de plazo. “Causa sonrojo comprobar la forma en la que el PP defendía los intereses de Benidorm” manifestó Ivorra, quien recalcó la necesidad actual del consistorio de dar cumplimiento a la sentencia. “Es triste que la Estación de Autobuses siga en la palestra casi una década después de su construcción” agregó el edil.
Vicente Juan Ivorra avanzó asimismo que en el transcurso de la próxima semana los técnicos municipales se reunirán con representantes de la empresa concesionaria “con el objetivo de estudiar todas las opciones legales para dar cumplimiento a la sentencia, garantizando la pública concurrencia y al mismo tiempo regularizando la situación urbanística”.
El edil del CDL recordó además que la construcción de la Estación de Autobuses no ha tenido coste alguno para las arcas municipales, puesto que corrió a cargo de la concesionaria “aunque sí hemos dejado de percibir una importante cantidad de dinero durante estos años porque la empresa nunca ha abonado el canon que debía pagar anualmente gracias a la nefasta gestión del PP”. Lo que sí ha supuesto un coste para el Ayuntamiento han sido los gastos de letrados y procuradores por este motivo, los cuales ascienden a 21.608,97 euros correspondientes a los años 2007, 2008 y 2010.
En ese punto, el concejal de Urbanismo reveló que ya en el año 2007, nada más tener conocimiento de la sentencia del TSJCV, los técnicos del Ayuntamiento “aconsejaron al entonces alcalde, Manuel Pérez Fenoll, que iniciase un proceso de licitación de la Estación que permitiera regularizar y legalizar lo que estaba mal hecho. Pero el señor Pérez Fenoll prefirió no hacer caso y su decisión política fue la de presentar los recursos que ni siquiera fueron admitidos. Por lo visto su único interés era prolongar en el tiempo las irregularidades e infracciones, alargar la agonía y que el marrón se lo tragara otro”. Ivorra aseveró que una vez conocidos los dictámenes del alto tribunal “no hay posibilidad de más recursos y nos toca hacer los deberes que no hicieron otros”.
