Benidorm exige al Gobierno de la nación que incluya la nueva comisaría en los Presupuestos Generales del Estado de 2025

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado hoy por unanimidad exigir al Gobierno de España, en concreto al Ministerio del Interior, que priorice en la dotación de los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2025 “las partidas suficientes y necesarias para la licitación, adjudicación e inicio en esa misma anualidad de las obras de construcción de la Comisaría del Cuerpo nacional de Policía” de la ciudad en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento para tal fin.

La moción de la Junta de Portavoces recuerda que en los PGE de 2022 se recogían ocho millones en una inversión plurianual, pero en el posterior borrador de las cuentas de 2023 ya no aparecía la Comisaría y no se tuvo en cuenta en la redacción y aprobación de los presupuestos generales a pesar de la unanimidad del acuerdo plenario de 31 de octubre de 2022.

Se indica en la moción que resulta “muy decepcionante, cuando no indignante” que una infraestructura “tan merecida y esperada” no haya recibido la más mínima consignación ni en los PGE de 2023 ni en los de 2024. Las actuales instalaciones datan de 1972 y se construyeron para una plantilla de 175 policías frente a los más de 300 actuales, sin contar con los refuerzos estivales. “Es evidente que dichas instalaciones se han quedado obsoletas e inadecuadas y no tienen capacidad para albergar a la plantilla actual ni puede atender a los ciudadanos en condiciones óptimas para poder prestar los servicios que tiene asignados”.

Asimismo, la corporación considera que además de dotar de consignación en 2025, las obras deberían comenzar ese mismo año “porque no existe razón alguna para no hacerlo, pues los trámites están muy avanzados y el Ayuntamiento de Benidorm ha hecho muchos esfuerzos para que la comisaría sea una realidad, cediendo el suelo necesario y óptimo según el propio Ministerio y encargando y presentando en 2018 el proyecto para que dicha infraestructura no sea ya una realidad”.

Por otro lado, en materia económica se ha aprobado una modificación presupuestaria para incorporar al presupuesto de 2024 el ahorro obtenido en el ejercicio de 2023, cifrado en casi 10,8 millones. Ese dinero se destinará en su mayoría a aumentar las partidas para gasto social y para dinamizar la economía local. Así, según ha detallado la concejal de Hacienda, Aida García Mayor, “8,9 millones serán para gastos generales y el resto para gastos con financiación afectada”.

La concejal ha recordado que de ese remanente se incorporarán 1,7 millones para complementar la subvención de la Diputación de 645.174 euros y realizar una nueva campaña de los bonos consumo #BenidormTeDaMás en el mes de diciembre. “Reinvertimos en las familias y en el tejido productivo con una propuesta que pretende mejorar la acción municipal en 2024 en todos los ámbitos” ha dicho García Mayor, para quien esta operación es “un aval de la buena y eficiente gestión económica que se ha realizado por este equipo de gobierno” y ha indicado que los fondos resultantes de este ahorro se pueden insuflar a las cuentas de este año “porque la situación económica del Ayuntamiento es buena, porque se está trabajando y gestionando bien los recursos y ahora redistribuimos para seguir imprimiendo la transformación de Benidorm con criterio y mejorando el día a día de los benidormenses”.

En el mismo capítulo económico, por mayoría también se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 156.248,68 euros correspondientes a facturas de gastos ordinarios y otras presentadas fuera del ejercicio corriente, como ha explicado García Mayor. “Trabajamos para que cada vez sean menos las facturas que se aprueban por este procedimiento, pero es la forma adecuada de hacerlo y cuenta con la conformidad de los técnicos y de Intervención” ha precisado.

Con los votos de PP y PSOE ha salido adelante la propuesta de la concejal de Igualdad, Ángela Zaragozí, para aprobar el II Plan Municipal de diversidad sexual, familiar y de género de Benidorm 2024-2028, un plan “que es una continuidad del aprobado en 2016”. “Queremos seguir mejorando la prevención de la LGTBIfobia y garantizar el bienestar y seguridad” ha indicado la edil, quien ha precisado que el citado plan contará con “cuatro líneas de actuación, diez objetivos y 23 acciones a desarrollar en los próximos años”. Zaragozí ha añadido que este plan “no tiene que ver con la política, sino con los derechos de las personas” y apostillaba que con este segundo plan “lo que se pretende es mejorar lo que ya está funcionando”.

Igualmente por mayoría se ha aprobado la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra hoy. En dicha declaración, la corporación reitera su “compromiso y apoyo al colectivo LGTBI de la Comunitat. Y lo hacemos desde el firme compromiso de esta institución con la defensa de la libertad, la dignidad del ser humano y el respeto de todas las personas a vivir y vivir su orientación sexual como libremente deseen”.

En la declaración se pone de manifiesto que “no hay que caer en la autocomplacencia” porque “queda mucho por hacer y mucho por lo que luchar” empezando por “recordar, solidarizarnos y levantar nuestra voz por todas las personas, de muchos lugares del mundo, donde la homosexualidad sigue penalizada, muchos países en los que las personas del colectivo LGTBI son perseguidos, amenazados e incluso ejecutados por, simplemente, expresar sus sentimientos”.

La declaración también reconoce la labor de “tantas personas que, a título personal o en el desarrollo de su trabajo, luchan por alcanzar un mundo más justo, más humano, más respetuoso con la diversidad y más igualitario”.

La corporación ha aprobado asimismo por mayoría la propuesta del edil de Movilidad, Francis Muñoz, para suspender el acuerdo plenario de diciembre de 2023 por el que se acordó resolver el contrato de la ORA tras el recurso contencioso administrativo presentado por la UTE adjudicataria del servicio. Muñoz ha afirmado que “procede por prudencia” la suspensión de dicho acuerdo plenario, considerando además el informe emitido por la dirección facultativa responsable del contrato.

En ese sentido ha aclarado que “actuamos en base a los informes jurídicos y técnicos”. “Esa prudencia” ha continuado, “ha hecho que una sentencia del TSJ nos de la razón. Esta UTE nos reclamaba un millón de euros y al final hemos conseguido que sean menos de 80.000. Nosotros no favorecemos a ninguna empresa, sino a los vecinos, que es nuestra responsabilidad” ha añadido Muñoz, que ha reiterado “la lealtad a los vecinos” y la “máxima rigurosidad en los procedimientos” con la que trabaja el gobierno local. “Estamos pendientes de un recurso y seremos prudentes porque no cabe otra actitud” agregaba. El titular de Movilidad ha detallado además que el actual contrato “tiene nueve años de antigüedad y fue firmado escasos días antes de las elecciones por el PSOE”.

En la misma sesión ha salido adelante por unanimidad la propuesta de la concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, para iniciar los trabajos que lleven al reconocimiento como colección museográfica de todos los bienes muebles ya registrados en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano para su incorporación en el Sistema Valenciano de Museos. De hecho, se señalaba en la moción, que las fichas que conforman la colección arqueológica ya han sido volcadas el sistema al sistema de la Conselleria de Cultura y Deporte y ahora “se está en pleno proceso de depuración” tras lo que se considerará registrada oficialmente en dicho inventario general. “Una vez completado ese trámite y en aras a poder mostrar a la mayor brevedad posible ese patrimonio a la ciudadanía, procede ahora solicitar el reconocimiento de todos esos bienes como colección museográfica” ha indicado la concejal.

Entre esas piezas, Ana Pellicer ha citado algunas que abarcan desde el Neolítico hasta el siglo XX y que proceden de diferentes donaciones o excavaciones arqueológicas, tal y como recogen diversos apuntes del Registro Inventario del Museo de la Villa de Benidorm entre 1957 y 1967.

El pleno también ha dado cuenta del reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de aclaración de la sentencia 343/24 del pasado 23 de mayo relativa al APR-7 que fue solicitada por el Ayuntamiento de la ciudad, así como del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local del 19 de junio que aprobó el contrato para la defensa judicial en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la citada sentencia. Igualmente, se ha dado cuenta de la información contable correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2023 y al primero de 2024.