Un auto del TSJ desestima un recurso de Ortiz para eludir el pago de 18 millones al Ayuntamiento por urbanizar Armanello

El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado esta mañana un informe jurídico del secretario municipal sobre el alcance del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia desestimando, hasta en dos ocasiones, el recurso presentado por el promotor del Plan Parcial Armanello, Ortiz e Hijos, para eludir un pago de 18 millones de euros al Ayuntamiento de Benidorm. El TSJ ha resuelto así una incidencia de ejecución de sentencia dictada a través de un auto, en el que desestima las pretensiones del promotor en el sentido de no pagar al Ayuntamiento.

El Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido esta mañana que Enrique Ortiz pague el canon económico de 18 millones de euros que el promotor firmó en 2002 como mejora económica para alzarse con la adjudicación de agente urbanizador del Plan Parcial Armanello. El Partido Popular entiende que el hecho de que el TSJ haya anulado la carga de ese canon a los propietarios del Plan Parcial, tal y como pretendía el promotor, no lo exime de cumplir las mejoras que introdujo en su oferta jurídico económica. Los concejales del PP, Lourdes Caselles y José Ramón González de Zárate, han señalado además, que si el agente urbanizador mantiene su negativa a pagar el canon, se rescinda la adjudicación y sea el propio Ayuntamiento quien asuma la gestión directa y el desarrollo del Plan Parcial de Armanello.

El Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado esta mañana toda una batería de informes del secretario municipal sobre la ejecución de las sentencias del TSJ en relación con el Plan Parcial de Armanello, y sobre las que siguen planeando dudas muy importantes, según puso de relieve Lourdes Caselles. El Plan Parcial de Armanello fue adjudicado a Ortiz en el año 2002, con una proposición jurídico económica que contemplaba dar al Ayuntamiento 18 millones de euros. Aunque el TSJ ha dicho que se tiene que anular el acuerdo plenario en el que se adjudicó y aprobó el Plan Parcial y que habrá que presentar uno nuevo, “la duda fundamental,-dijo-, es si ese Plan Parcial debe contemplar esa aportación de 18 millones de euros al Ayuntamiento. Nosotros pensamos que sí,-agregó-, porque esa mejora en su oferta la firmó el promotor en un convenio aceptando que lo hacia a su riesgo y ventura y no está nada claro que el TSJ haya anulado las cargas”, agregó la concejal.

El 12 de julio del año pasado, la corporación en pleno aprobó por unanimidad exigir al promotor que asumiese el pago de esos 18 millones de euros o bien presentase el consentimiento de la totalidad de los propietarios del Plan Parcial en el sentido de que asumían esas cargas, advirtiendo además de que en caso contrario se podría resolver la adjudicación. Lourdes Caselles desveló que en el pleno a celebrar el próximo lunes, irá una moción del concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, en la que plantea anular el acuerdo unánime alcanzado en julio del año pasado para exigir a Ortiz el pago de esos 18 millones de euros. Según esto, el gobierno de Navarro y Amor estará perdonando las mejoras que prometió al Ayuntamiento para conseguir la adjudicación de Armanello.

González de Zárate explicó que según las estipulaciones de la adjudicación, “el urbanizador no puede modificar previsiones de carga estimadas en el programa siendo la suya una oferta a precio cerrado, asumida a riesgo y ventura”, una fórmula, a riesgo y ventura, que incluye el hecho de que el promotor no pudiera luego repercutir esa carga en los propietarios del Plan Parcial. También esgrimió una incidencia de ejecución de sentencia dictada por el TSJ en un auto del 26 de marzo de 2013, desestimando una solicitud del propio Ortiz e Hijos, en la que pedía no pagar los 18 millones de euros que el Ayuntamiento le reclamó por acuerdo plenario en julio del año pasado.

El Partido Popular ha pedido que el Secretario Municipal aclare toda una serie de extremos en relación con este Plan Parcial y sobre todo, si la sentencia del TSJ implica la anulación en su totalidad del acuerdo adoptado en julio de 2012, reclamando a Oritz el pago de esos 18 millones. Ese acuerdo es el que ahora pretende dejar sin efecto el concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, con una propuesta en la que no se hace referencia alguna al auto del TSJ desestimando las pretensiones del promotor para no abonar el canon de 18 millones al Ayuntamiento.