La Audiencia Provincial de Alicante dicta el sobreseimiento del caso Park Control
El Consell Jurídic Consultiu estima favorable la resolución del contrato con la concesionaria de la zona azul y la grúa aprobada en Pleno
El alcalde pide la dimisión del portavoz del Grupo Municipal Popular por “el daño causado a la ciudad durante estos cuatro años”
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado el sobreseimiento del caso Park Control por el que se había imputado al alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, y al ex concejal de Movilidad entre los años 2007 y 2011, José Bañuls, por un supuesto delito de prevaricación administrativa, al aprobar en el pleno celebrado el 31 de mayo de 2010 la incoación del expediente de resolución del contrato con la concesionaria del servicio de la zona azul y la grúa por el incumplimiento del pliego de condiciones.
“Es una buena noticia para la ciudad y a nivel personal”, ha manifestado esta mañana el alcalde ante los medios de comunicación, en referencia a esta resolución que tumba la decisión del Juzgado de Instrucción nº1 de Benidorm de incoar procedimiento abreviado. “Siempre hemos estado tranquilos ética y moralmente ante este caso, pero con cierta inquietud por el hecho de estar en los juzgados porque nos ha llevado a un continuo acoso y persecución, tanto a la figura del alcalde como a la de Bañuls, pero ahora el calvario que hemos sufrido durante cuatro años ha terminado”.
El auto concluye que “no hay, por tanto, base indiciaria para continuar la tramitación de la causa”, por lo que “procede sobreseer y archivar provisionalmente el procedimiento por no resultar debidamente justificada la perpetración de delito”. La Audiencia Provincial considera que la jueza instructora y la parte querellante (el PP) “aluden a una secuencia de actuaciones que consideran irregularidades procedimentales, pero no aciertan a identificar una conducta que pueda encajar en la descripción típica del artículo 404 del Código Penal”.
Los jueces afirman que el auto ahora desautorizado “no identifica la concreta resolución cuyo dictado podría suponer la supuesta prevaricación ni tampoco concreta cuál de los dos imputados es el que habría dictado esa hipotética resolución”. La parte querellante estaba representada por el concejal popular, Antonio Pérez, y la exedil del mismo partido, Josefa Pérez, quienes llevaron el caso por la vía penal y no por la administrativa, con el consiguiente “perjuicio” a la ciudad de Benidorm, que ha visto ralentizada la resolución del contrato con la mercantil. En este sentido, el órgano provincial declara que “el enjuiciamiento de la legalidad del acuerdo plenario corresponde exclusivamente a la jurisdicción contencioso-administrativa”, tal y como siempre han defendido Navarro y Bañuls.
Por otro lado, los jueces destacan que “no se explica por qué se dirige el procedimiento contra dos personas si fueron trece los concejales que votaron a favor de la resolución del contrato administrativo”.
El exconcejal José Bañuls, actualmente asesor del departamento de Movilidad, ha manifestado que “hoy se refrenda lo que siempre hemos defendido, la estricta y absoluta legalidad. Esta actuación nunca debió salir del ámbito administrativo porque acusarnos de prevaricación era falso y terriblemente injusto”. Bañuls ha sostenido la “necesidad” de resolver el contrato con la mercantil Park Control 2000 S.L., por ser “perjudicial para esta ciudad, así como lo ha sido con el tiempo también para la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y para los propios trabajadores”.
Dictamen favorable del CJC
Por otro lado, el primer edil ha dado a conocer el dictamen favorable emitido por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana con fecha 4 de junio de 2014 sobre la resolución del contrato con la adjudicataria del servicio de la zona azul y la grúa por presentar “distintas anomalías e incumplimientos” del pliego de condiciones. El órgano consultivo ha elaborado el documento a instancias del Ayuntamiento de Benidorm, con el fin de ajustar la decisión de rescindir el contrato con esta empresa a la legalidad, ya que la oposición había cuestionado la legalidad de la fórmula elegida. “El círculo judicial y el círculo administrativo se han cerrado hoy”, ha sentenciado Bañuls, que ha destacado la trascendencia de los dos documentos exhibidos ante la prensa.
Finalmente, el alcalde, Agustín Navarro, ha pedido la dimisión del portavoz del Grupo Municipal Popular, Antonio Pérez, por “el daño que ha causado durante cuatro años a esta ciudad”. El primer edil ha recordado que “al llevarnos a los juzgados hizo que los jueces paralizaran el rescate de la concesión, y hoy el Consell Jurídic Consultiu nos da la razón”. “Por culpa de Antonio Pérez han sido cuatro años perdidos sin arreglar las calles, sin pintar la señalización, sin renovar las grúas, con unos trabajadores que han cobrado tarde y mal, todo por anteponer sus intereses partidistas por encima de los intereses de la ciudad”. “En política no vale todo” ha reprochado a Pérez, a quien ha espetado que “dimitir o no es una cuestión de ética y moral, cuando uno levanta el dedo y acusa de forma falsa y se demuestra finalmente que no tenía razón”.
El alcalde ha señalado que ante el dictamen del CJC se continuará con el proceso abierto de resolución del contrato de la gestión de los servicios públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada, inmovilización y depósito de vehículos.
