Bellreguard devolverá a los propietarios de una urbanización de la playa medio millón de euros
El Ayuntamiento de Bellreguard ha anunciado un plan de pago con cargo a los presupuestos municipales para devolver el dinero que se les cobró de más a los propietarios de parcelas de la urbanización Centre Sud de la playa en la pasada legislatura. La cuantía de la deuda asciende a un millón de euros, del cual más de medio millón corresponde a sobrecostes de material que la constructora cobró y finalmente no utilizó. La empresa pudo cobrar esa cantidad debido a un error cometido por el equipo técnico contratado por el ejecutivo encabezado por el socialista Pere Cremades.
El resto, hasta completar el millón, corresponde también a dinero que adelantaron los propietarios para el desarrollo urbanístico. El problema es que el actual equipo de gobierno asegura que cuando tomó las riendas del Consistorio se encontró con que tampoco existía ese remanente en la cuenta correspondiente abierta por el anterior gobierno.
Ambas situaciones, sumadas a la necesidad de devolver el millón adelantado por los propietarios de parcelas ha obligado al actual ejecutivo a recurrir a financiación para aprobar un plan de pago que se ejecutará en tres años. Y es que el Ayuntamiento tiene difícil recuperar los 500.000 euros embolsados por la constructora porque ésta ya ha desaparecido legalmente.
El alcalde de Bellreguard, Jaume Ascó, aseguró que el millón de euros tiene que ser devuelto a los propietarios aunque el Ayuntamiento no disponga de él porque es parte de los cuatro millones que adelantaron para el desarrollo de la urbanización y que finalmente no se gastaron en la obra emprendida en la pasada legislatura.
Ascó se reunió hace unos dias con los propietarios para anunciarles el plan de pago a tres años. De momento ya se ha devuelto una parte del montante que a finales de este año sumarà 350.000 euros. El plan de financiación permitirá abonar 300.000 euros más en 2015 y el resto hasta completar el 1.050.000 euros, en 2016.
El actual ejecutivo decidió este año contratar una empresa auditora de obras que revisó el proceso administrativo y de ejecución de la urbanización. El objetivo era comprobar las sospechas del equipo de gobierno de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras de urbanización cobró en la pasada legislatura más de medio millón de euros en material que finalmente no fue colocado en las calles de la misma.
Y es que el error cometido por el equipo técnico contratado por el municipio para certificar las obras, multiplicó la cantidad de hormigón empleado para la cimentación de las calles, lo que permitió a la constructora cobrar ese medio millón de más.
Fue el propio equipo técnico el que redactó un informe registrado en el Ayuntamiento en el que detecta el error de cálculo cometido durante la pasada legislatura, periodo en el que se ejecutó y pagó la urbanización y en el que también se cobraron las cuotas correspondientes a los cerca de 100 propietarios afectados.
La empresa realizó catas en las calles de la urbanización para comprobar la cantidad de hormigón empleada en la cimentación de las mismas. El fin no era otro que obtener pruebas con consistencia legal para poder recuperar el dinero y devolvérselo así a los propietarios de parcelas, algo que no ha sido posible porque la empresa ya ha desaparecido.
El equipo encabezado por el alcalde Jaume Ascó es el que ha tenido que gestionar durante la presente legislatura la liquidación de las obras. Y es precisamente en el informe de liquidación definitiva de las mismas, presentado este año, en el que se detectaron las primeras anomalías que han llevado a descubrir el error.
Finalmente el informe de la auditora corroboró las sospechas del ejecutivo e indicó que la cuantía que debería devolver la empresa asciende a 533.000 euros.
