Asociaciones de discapacidad y de consumidores unidos contra las gasolineras desatendidas
Diversas organizaciones empresariales y sindicales del sector de distribución de carburante y asociaciones del ámbito de la discapacidad y de consumidores han reclamado hoy en Valencia la regulación del funcionamiento de las gasolineras sin personal (o desatendidas), una nueva forma de negocio que se caracteriza por no disponer de empleados que atiendan al público y que se está extendiendo a lo largo de la Comunitat Valenciana en los últimos meses, como consecuencia de la Ley 11/2013.
Esta petición se canalizará a través de reuniones con los distintos grupos parlamentarios y con la conselleria de Industria, con cuyo máximo responsable, Máximo Buch, ya se establecieron los primeros contactos para trasladar la preocupación por este tipo de establecimientos.
De este modo, han preparado una campaña de comunicación conjunta, con el objetivo de informar a la sociedad de los riesgos y perjuicios que entrañan este tipo de instalaciones, como pérdida de puestos de trabajo, discriminación hacia las personas con discapacidad, pérdida de derechos del consumidor, y, como consecuencia, una competencia desleal. A tal fin, las organizaciones sindicales han elaborado unos vídeos en los que se trata de dejar patentes peligros eventuales como el riesgo de incendio, la necesidad de una atención igualitaria a los clientes, el potencial daño al medio ambiente o la pérdida de empleo, sin olvidar la imposibilidad para el consumidor de algo tan elemental como reclamar, corregir o recuperar su dinero ante un servicio defectuoso en el momento del repostaje.
Como consecuencia de lo anterior, han solicitado que el funcionamiento de estas instalaciones sea regulado por la administración y se establezca la obligación de que exista una persona responsable y al cargo de la instalación, con el objetivo de asegurar una competencia limpia en el sector, velar por la seguridad de todos, evitar la destrucción de empleo, y corregir la discriminación hacia las personas con la movilidad reducida o que, por cualquier otra circunstancia requieran este servicio, como tercera edad o personas solas al cargo de niños de corta edad.
Desde COCEMFE CV, observan que esta situación ya ha sido regulada en otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla La Mancha, Asturias, Navarra, y más recientemente en Aragón, con normativas que recogen las circunstancias de las personas con la movilidad reducida. Carlos Laguna, presidente de COCEMFE CV, ha hecho hincapié en la necesidad de salvaguardar los intereses de las personas con discapacidad y sus derechos como consumidores: “Queremos expresar una radical oposición al uso exclusivo de estos nuevos sistemas, puesto que consideramos que no se puede anteponer únicamente los intereses económicos a las necesidades y derechos de las personas”. Así lo expresa la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece lo siguiente: “Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por motivo de o por razón de discapacidad”.
Juan José Sánchez, presidente de la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio, ha insistido en que estas gasolineras desatendidas incumplen una serie de obligaciones legales que implican una competencia desleal hacia el resto de estaciones, y ha destacado que el carburante es un producto peligroso y contaminante, por lo que se requiere un control y unas medidas de seguridad para el consumidor y el medio ambiente. “No estamos en contra de una política de bajo precio mientras esté basada en los mismos principios. Lo que no es aceptable es que, aprovechando la inexistencia de empleados y la no aplicación de costes de inversión en seguridad, se aproveche para repercutir en el precio ese ahorro. Bajo precio sí pero compitiendo con lealtad y en igualdad de condiciones”, ha añadido.
Por su parte, desde los sindicatos CCOO y FITAG-UGT, sus respectivos secretarios generales, Javier Galarza y Ramón Morales, han señalado que abaratar el coste del carburante por la vía de eliminar el coste laboral es algo que perjudica a todos los ciudadanos, en especial, en un contexto de grave desempleo como el actual.
