Se aprueba la Ley valenciana de Cambio Climático a pesar de la oposición del sector del turismo y la movilidad

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (FENEVAL) lamenta la aprobación el pasado 24 de noviembre de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en las Corts Valencianes sin la realización de un estudio técnico y/o medioambiental sobre la movilidad en la Comunidad Valenciana, que tenga en cuenta, entre otros puntos, la infraestructura real existente para atender las específicas demandas del vehículo eléctrico.

En este sentido, la patronal nacional de las alquiladoras mandó el pasado viernes una carta al President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, explicando la problemática de la aún propuesta de ley, a la que se adhirieron también las principales asociaciones de la automoción, como son la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), la Asociación Española de Renting (AER), la Federación Asociaciones Concesionarios Autos (FACONAUTO), la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), la Asociación Nacional de Concesionarios de FORD ESPAÑA (ACOFORD), la Asociación Territorial  de Vehículos de alquiler en Valencia (AECOVAL) integrada en FENEVAL; y otras instituciones turísticas como la Mesa de Turismo, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) o la Alianza para la Excelencia Turística (EXCELTUR).

En la misiva, se advertía del impacto que la aprobación de la norma tendría en el sector turístico en la Comunidad y se solicitaba retrasar el calendario para acompasarlo al desarrollo de implantación de infraestructuras de recarga eléctrica en relación con la obligación de cuotas obligatorias de vehículos eléctricos que impone la Ley, así como del nuevo impuesto a las emisiones de los vehículos, sin haberse llevado a cabo ningún análisis objetivo que justifique cómo esa medida contribuye a la sostenibilidad medioambiental. 

"Resulta sorprendente que el sector menos contaminante y que representa solo el 2,7% del parque automovilístico de la Comunidad Valenciana sea el que se vea sometido a una norma que fija unas cuotas obligatorias de vehículos libres de emisiones sin ningún estudio que la acompañe", subrayaba la carta refiriéndose al Rent a Car (RAC).

Por ello, FENEVAL insistía en el texto que comparte los objetivos y finalidades de la norma en cuanto a la búsqueda de una movilidad cada vez más sostenible, pero, aseguraba que, de mantenerse el calendario propuesto, que impone para el año que viene un 9% de las compras de eléctricos hasta alcanzar el 100% en 2035, “podría incidir muy negativamente en nuestra actividad y, por tanto, en la buena marcha del sector turístico".

“Tampoco resulta favorable para el sector del automóvil elevar los impuestos a las emisiones de C02 por encima de impuestos similares en comunidades autonómicas cercanas, pues posiblemente creará un ´efecto frontera´ y distorsionará el mercado”, añadían desde FENEVAL.

Así, en la propia carta, la Federación proponía tener en cuenta los siguientes factores para fijar esos porcentajes y su calendario, algo que, aseguran, “no se puede determinar a priori, sino que habría que hacerlo ajustándonos a la evolución real de las circunstancias”:

• El despliegue de puntos de recarga en las zonas que lo precisan nuestros clientes (aeropuertos, estaciones, sucursales de alquiler, carreteras, hoteles) y que cuenten con la velocidad de recarga adecuada, así como en el resto del territorio de la Comunidad Autónoma.
• La demanda real de estos vehículos por los clientes, donde el factor de concienciación es muy relevante y creemos que una campaña específica tanto para turistas como residentes es necesaria.
• La disponibilidad de producción de vehículos de cero emisiones y la existencia o no de problemas logísticos o de suministro de componentes necesarios para su fabricación.

De esta forma, el sector del RAC lamenta que se haya hecho oídos sordos a las demandas de algunos de los actores más importantes de la movilidad y del turismo, no ajustando la Ley a la realidad del funcionamiento de las alquiladoras, a pesar del ofrecimiento por parte del sector de colaboración con la administración para la implementación de una normativa que resultase realista y no interfiriera negativamente en la demanda turística.