Altea se suma al cumplimiento de la Ley de Protección Jurídica del Menor
La concejala de Educación, Vicenta Pérez, y la concejala de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal, Inma Orozco, han anunciado que los trabajadores de esta última han firmado la declaración responsable y la autorización de acceso al Registro Central de Delincuentes Sexuales en cumplimiento de lo establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 26/2015, de 28 de julio.
Mediante esta declaración se acredita no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad sexual e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y autoriza a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte al acceso a la información penal sobre la persona que firma ante el Registro Central de Delincuentes Sexuales o ante el Registro Central de Penales dependiente del Ministerio de Justicia.
Esta medida, puesta en marcha desde el Ministerio de Educación a través de las Comunidades Autónomas, pretende mejorar la convivencia en los centros y garantizar la seguridad de los menores. En este sentido, Altea se suma al cumplimiento de la Ley de Protección Jurídica del Menor, según la cual "será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. Al efecto, quien pretenda el acceso a estas profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales".
Las dos concejalas han destacado la importancia de que los trabajadores municipales con acceso a las escuelas, como es el caso de los empleados de la EPDM, firmen esta declaración en cumplimiento de las leyes vigentes y para garantizar la seguridad y protección efectiva de los menores de edad en los centros escolares de Altea y para la tranquilidad de las familias y los propios centros educativos.
