Hacienda colaborará con Almassora para cobrar a morosos en cualquier ciudad de España
El Ayuntamiento de Almassora ha firmado un convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que Hacienda asuma la gestión en vía ejecutiva de los cobros pendientes superiores a 60 euros. La principal novedad de este acuerdo es la posibilidad de que Hacienda recaude impuestos en todo el territorio nacional, mientras que hasta la fecha su ámbito de actuación no podía superar los límites del término municipal.
Tal como figura en el acuerdo, que únicamente es aplicable a municipios de más de 20.000 habitantes, "la gestión recaudatoria objeto del presente convenio se realizará en todo el territorio nacional, haciendo uso de los mismos medios de información y procedimientos técnicos que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos del Estado y sus organismos autónomos".
La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha anunciado esta medida coincidiendo con su primer mes en el cargo y ha incidido en que se trata "de un mecanismo para equiparar a todos los contribuyentes y que quienes cumplen puntualmente con sus obligaciones ciudadanas, pagando sus impuestos y tasas para garantizar el correcto funcionamiento de la ciudad, no se sientan agraviados por quienes escapan de esos compromisos".
La iniciación de la actividad recaudatoria comenzará una vez vencidos los plazos de ingreso en periodo voluntario sin haberse satisfecho las deudas, que en ningún caso podrán ser inferiores a 60 euros. El Ayuntamiento remitirá, como máximo, una vez al mes a la Agencia Tributaria un fichero con las deudas pendientes de gestión, el órgano que haya dictado la providencia de apremio, recursos de posible interposición y plazo de prescripción de cada deuda, así como cualquier dato complementario que pueda facilitar la gestión de cobro.
Al igual que ocurre con la empresa externa dedicada al cobro por vía ejecutiva, la entidad pública percibirá un porcentaje del capital recaudado a través de estas gestiones. El coste global mensual resultará de la suma del coste por inicio de gestión y por gestión realizada. En el primer caso, se trata de 3 euros por cada nuevo proceso, mientras que la entidad cobrará un 9% del importe de las cancelaciones de deuda por ingreso y un 4% de las cancelaciones por anulación, por propuesta de declaración de crédito incobrable u otras causas.
El concejal de Hacienda, Santiago Agustí, ha recordado que la Agencia Tributaria practicará cada mes la liquidación de los importes recaudados en el mes anterior a través de esta vía ejecutiva, que será operativa sobre todo en casos de cambio de traslado de empresas y residencias. No en vano, el consistorio ha registrado un incremento del porcentaje de cobro voluntario del 80% de los impuestos en el ecuador de la legislatura. Obligaciones de pago como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) superan incluso los niveles predominantes antes de la crisis.
