Almassora tramita el doble de contratos que el año pasado para ajustarse a la nueva ley

El Ayuntamiento de Almassora ha elaborado ya 51 contratos para adaptarse a la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que entró en vigor el 9 de marzo. La cifra supera el doble de los registrados en las mismas fechas del año pasado, que alcanzaron los 22, y supone la reorganización de la estructura de funcionamiento interna para la tramitación de los nuevos expedientes.

"La normativa afecta a todos los departamentos pero, sin duda, el de Contratación es el que ha tenido que hacer un mayor esfuerzo para adaptar a la ley los suministros de bienes y servicios de todas las áreas municipales", ha valorado la alcaldesa de Almassora, Merche Galí. En este sentido, Fiestas copa la mayor parte de la formalización de nuevos contratos. Conciertos, seguros de accidentes, montaje de barreras o charanga son algunos de los acuerdos alcanzados recientemente.

No obstante, la normativa afecta a la totalidad de la institución y supone la apertura de expedientes en otros departamentos como Medio Ambiente o Urbanismo. En esta línea, el servicio para la prevención de plagas de mosquitos o la recogida de animales son otros de los contratos firmados en estas fechas, así como la redacción de la remodelación de la Vila de Almassora también han seguido idéntico procedimiento.

La modificación de la normativa supone que ahora tienen consideración de pagos menores los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 euros al objeto de aligerar su gestión y la tramitación de su pago. Además, la nueva ley fija una nueva regulación de los contratos menores para suministros y servicios inferiores a 15.000 euros y obras por menos de 40.000 euros, frente a los 18.000 y los 50.000 euros, respectivamente, fijados hasta la entrada en vigor de la ley.
Este hecho ha obligado a todos los departamentos del Ayuntamiento de Almassora a adaptarse a las nuevas consideraciones legales, que incluyen también la necesidad de acompañar los contratos menores de un informe del órgano de contratación que justifique la necesidad del gasto.

Esta nueva medida para aumentar la transparencia de la Administración también supone que los contratos menores cuyo valor estimado sea mayor o igual a 5.000 euros se publiquen en el perfil del contratante al menos trimestralmente (con objeto, duración, importe de adjudicación e identidad del adjudicatario).