Almassora prepara al funcionariado para asumir la nueva ley contractual

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado la formación del funcionariado para asegurar el dominio de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que entrará en vigor el 9 de marzo y que obligará a modificar la gestión de contratos a todos los departamentos municipales. 

“Tenemos que reformular la gestión actual para que la nueva ley no suponga un embudo en la tramitación”, ha considerado la alcaldesa, Merche Galí. La munícipe ha recalcado que esta ley tendrá consecuencias sobre las empresas de Almassora que son proveedoras de bienes y servicios del Ayuntamiento. “Aunque queramos primar su contratación, habrá momentos en que no podremos hacerlo a nuestro pesar”, según Galí. Servicios como ambulancias, electricidad, cerrajería, control de mosquitos o grúa para retirada de vehículos se verán afectados por la nueva ley.

No en vano, ésta limitará la adjudicación a umbrales más bajos que los actuales y a un único adjudicatario. La nueva ley obligará a comprobar que el Ayuntamiento no ha suscrito otros contratos menores con ese proveedor que individual o conjuntamente superen las cifras previstas para un único contrato menor.

A partir del 9 de marzo tendrán consideración de pagos menores los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 euros al objeto de aligerar su gestión y la tramitación de su pago. La nueva LCSP establece una nueva regulación de los contratos menores para suministros y servicios inferiores a 15.000 euros y obras por menos de 40.000 euros, frente a los 18.000 y los 50.000 euros, respectivamente, fijados hasta ahora. Todos los contratos menores irán acompañados de un informe del órgano de contratación que justifique la necesidad del contrato.

Los contratos menores cuyo valor estimado sea mayor o igual a 5.000 euros se publicarán en el perfil del contratante al menos trimestralmente (objeto, duración, importe de adjudicación e identidad del adjudicatario). Esta nueva medida para aumentar la transparencia de la Administración, recuerda Galí, se suma a los mecanismos pioneros en el control de las finanzas municipales activados desde hace años por el Ayuntamiento de Almassora.

Gracias a las herramientas para mejorar la gestión, Almassora ha reducido el tiempo de liquidación de facturas a 20 días en el último trimestre de 2017, el mejor dato obtenido en esta legislatura, además de incorporar la facturación electrónica como modo habitual para la tramitación. A lo largo de 2017, los proveedores del Ayuntamiento presentaron 4.521 facturas. De este cómputo global, 3.132 se registraron de forma electrónica y 1.189, en papel.