Cuatro años y medio de prisión para el líder de una red que obligaba a prostituirse a mujeres paraguayas

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cuatro años y medio de prisión al cabecilla de una organización dedicada a traer mujeres desde Paraguay con la promesa de un trabajo en España y, una vez aquí, obligarlas a ejercer la prostitución en clubes de alterne Villena, Cuenca, Mallorca o Ibiza. La Sala le considera culpable de los delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y prostitución.

Junto al líder de la red, el tribunal también condena a otras diez personas que pertenecían y colaboraban con la organización a penas de entre nueve meses y un año y nueve meses, por los mismos delitos.

Los hechos sucedieron durante los años 2005 y 2006. Según recoge la sentencia, los condenados formaban parte de un grupo de carácter 'estable y permanente', cuya finalidad era obtener beneficio de la explotación sexual de mujeres, principalmente procedentes de Paraguay, en cinco establecimientos localizados en Villena (Alicante), Pinos (Cuenca), Palma de Mallorca, El Provencio (Cuenca) e Ibiza.

Las mujeres eran captadas en Paraguay a través de contactos en el país, y llegaban a España bien mediante la falsa promesa de un trabajo de camarera, o bien conociendo que ejercerían la prostitución en España, lo que aceptaban por su situación económica.

La Sala considera probado que para entrar en España, el cabecilla de la banda les organizaba y pagaba el viaje, y les proporcionaba dinero en efectivo para que ellas pudieran demostrar que venían como turistas. Una vez aquí, se les retiraba el dinero y el pasaporte, y se les obligaba a ejercer la prostitución para hacer frente a una deuda que habían contraído por el viaje. En los clubes, las mujeres pagaban a la organización por el alojamiento y la manutención, y se les imponía una multa si se ausentaban durante las horas de apertura del establecimiento. Además, la organización se quedaba con una parte del dinero cobrado por cada servicio sexual.

Según explica la sentencia, para mantener estas normas, la organización 'se encontraba perfectamente estructurada'. El cabecilla condenado tenía en cada club personas de su confianza, que se encargaban del control diario y de las cuentas de las mujeres, el cobro de servicios sexuales, las multas y las comisiones. Estos encargados, también condenados en esta causa por los delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y prostitución, informaban al líder sobre la evolución del negocio, las incidencias, la necesidad de cubrir nuevas plazas o trasladar alas mujeres de club.