El alcalde de l’Alfàs del Pi continua como imputado y hace responsable de su posible delito a la secretaria accidental y los técnicos municipales
El alcalde de l’Alfàs del Pi, el socialista Vicente Arques, continúa en calidad de imputado en el procedimiento penal por el que hoy ha prestado declaración en el juzgado nº 5 de Benidorm.
Tras escuchar su declaración y la de los demás imputados en el procedimiento, la juez no proveído nada nuevo, no tomado ninguna decisión sobre el caso, por lo que el alcalde se mantiene como imputado por un presunto delito de coacciones.
En su declaración, Vicente Arques, ha descargado y responsabilizado de su posible actuación delictiva en la secretaria accidental del ayuntamiento en aquella fecha, Lourdes Caselles y en diferentes técnicos municipales, con quien, según ha declarado hoy ante la juez, mantuvo junto a un grupo de concejales de su equipo de gobierno un reunión el día 31 de diciembre de 2009, señalando el alcalde que las secretaria y los técnicos abalaron su decisión de tomar la medida cautelar de retener los vehículos de la basura y ser utilizados bajo la fuerza, para garantizar un servicio de primera necesidad.
En esa fecha la nueva contrata, la empresa La Generala, debería haber comenzado a realizar su servicio con su operativo y no utilizando los vehículos de la anterior empresa, quien asegura que los camiones eran de su propiedad ya que el ayuntamiento le adeuda más de 3 millones de euros y no existe ninguna clausula por la que los caminos pasaban a propiedad del ayuntamiento como esgrime el alcalde.
También ha prestado declaración el responsable de La Generala, quien ha reconocido que sí que se utilizaron los vehículos, aunque no ha mostrado conocimiento de que fueran manipulados como denunció la empresa saliente, SAV, en el cuartel de la Guardia Civil de Altea.
El alcalde de l’Alfàs del Pi, de forma sorprendente, afirmó no conocer la visita de varios técnicos municipales al cuartel de la Guardia Civil de Altea, pocos días después de los hechos, adjuntado, al parecer, documentación referente a la denuncia presentada por SAV.
Los hechos concretos por los que Vicente Arques sigue imputado por un posible delito penal de coacciones y apropiación de material y vehículos, tuvieron lugar el 1 de enero de 2010, cuando la mercantil Agricultores de la Vega, hasta esa fecha empresa que gestionaba la recogida de la basura en el municipio, denunció ante la Guardia Civil de Altea al alcalde, al concejal y al jefe de la Policía Local por bloquear el acceso a sus camiones e impedir su retirada del municipio, una vez finalizado el contrato de dicha empresa con el Ayuntamiento.
Posteriormente, SAV denunció también a la siguiente contratista, La Generala, al comprobar que esa empresa estaba utilizando los vehículos de su propiedad, para lo que forzó sus cerraduras y les practicó el “puente”, como así pudo comprobar en uno de ellos la Guardia Civil de Altea.
