EU Verds de Aldaia rechaza los nuevos reglamentos de abastecimiento de agua y de saneamiento
Ambas ordenanzas "incumplen las leyes de la Generalitat Valenciana sobre pobreza energética y función social de la vivienda, además de favorecer a la empresa concesionaria en detrimento del interés general y de los derechos de las personas usuarias"
Este lunes 13 de febrero, en el Ayuntamiento de Aldaia, se realiza una reunión del Consorcio de Aigües de l'Horta con una agenda abultada. Esta reunión contará con la asistencia de concejales y concejalas de Xirivella, Aldaia, Picanya, Beniparrell y Alfara del Patriarca en la que se propone la aprobación de dos nombramientos "a dedo", el de Secretaría e Intervención del organismo, y de tres ordenanzas reguladoras de la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de aguas, saneamiento y vertidos, los cuales seguirán gestionándose mediante una empresa privada a la que se otorgan amplios poderes y usufructos.
Como destaca el informe firmado por técnicos municipales sobre estas ordenanzas, aunque tienen de positivo el interés por homogeneizar las diferentes regulaciones vigentes en cada municipio del Consorcio, por otra parte mantienen aspectos "claramente contrarios a los derechos de la ciudadanía usuaria y afectada".
Para empezar, estos reglamentos, así como las políticas municipales basadas en privatizar la gestión de estos servicios municipales obligatorios, "muestran importantes defectos: falta explicitar un cuadro descriptivo de los medios materiales y humanos de cada Ayuntamiento adscrito al Consorcio para el cumplimiento de sus fines; y tampoco se arbitran mecanismos para la supervisión y fiscalización públicas sobre la gestión de la empresa privada concesionaria. Como dicen los propios técnicos municipales en su informe se deposita la defensa del interés público en la buena fe contractual del concesionario, sin mayores cortapisas y tanto en lo relativo a la prestación del servicio como en los gastos adicionales (amortizaciones, vehículos, de gestión o personal) que luego tendrán que pagar los y las usuarias; y tampoco está previsto un estudio de costes del servicio global dispensado por el Consorcio, en base al cual comparar los costes y tarifas en cada municipio integrante".
Por otra parte, destacar que los reglamentos propuestos de abastecimiento de aguas (RAA) y de saneamiento (RS) "también incumplen la legislación valenciana en materia de pobreza energética y de función social de la vivienda. Los artículos 13 de la ley de pobreza energética y 23 de la ley de función social señalan como "infracción grave" suspender el suministro sin notificar previamente al Ayuntamiento respectivo. En cambio, el RAA dice en sus artículos 5 y 63 que la concesionaria puede suspender directamente el suministro, por impago de un recibo o por no dejar entrar en la vivienda a la Concesionaria para examinar las instalaciones (siendo que la responsabilidad del Consorcio termina en las acometidas exteriores a la vivienda). Es decir, que se otorgan a la Concesionaria incluso más derechos que a la Policía para invadir la privacidad".
Otro aspecto nada irrelevante de estas ordenanzas propuestas es que, "mientras arbitran un exceso de obligaciones para las personas usuarias, en cambio apenas obligan a la concesionaria en cuestiones muy sensibles. Por ejemplo, se les encarga del mantenimiento y reparación de las redes de abastecimiento y del alcantarillado sin arbitrar mecanismos concretos para su realización. Esto ya viene ocurriendo desde la creación del Consorcio intermunicipal para privatizar la gestión y tiene como directo resultado la obsolescencia creciente de las instalaciones (tuberías que revientan, agua roja, alcantarillado que se desborda con las lluvias, etc) que a su vez ocasionan cortes de servicio y reparaciones que luego incrementan las tarifas a pagar".
EU Verds "defiende siempre la cooperación de los Ayuntamientos para prestar servicios públicos indispensables, pero nos oponemos a la gestión privada de los mismos por estar orientada al lucro. Hay que acabar con la ilusión neoliberal de que la gestión privada es mejor que la pública. Se trata de una falacia desacreditada en todos los ámbitos: sanidad, educación, urbanismo, empleo, servicios sociales no asistencialistas..."
Por todo ello "proponemos que el Consorcio decida dejar sobre la mesa estos reglamentos ilegales e injustos y proceda a remunicipalizar los servicios de abastecimiento, saneamiento y vertidos, como condición indispensable para mejorar su calidad y resolver los crecientes problemas de obsolescencia y negligencia".
