El presupuesto del PSOE nace de un déficit puesto que el Ayuntamiento de Aldaya es insolvente
El PP de Aldaya impugna los presupuestos y exige que se cumpla con la legalidad
Desde el PP explican que el presupuesto de este año incumple el art. 165.4 TR LRHL porque “el proyecto de presupuesto de cualquier entidad no puede tener déficit inicial”, sin embargo, “en el expediente del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2011 del Ayuntamiento, se produce tanto una estimación al alza de los ingresos del ejercicio 2011, como una mala previsión de gastos para el presente ejercicio”.
Para los populares, “esta cuestión es de suma importancia, ya que las consecuencias de que las cifras presupuestadas sean de difícil cumplimiento, se reflejará en la generación de un déficit en las cuentas del ejercicio”, de manera que será imposible el pago de las obligaciones generadas durante el año, “y sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura económica que estamos atravesando”.
Todo esto se resume en afirmar que “el Ayuntamiento se encuentra en una situación de insolvencia”.
Por otra parte, el Real Decreto 8/2010 establece que las operaciones a corto plazo que sirven para reducir el déficit a corto plazo, deben ser canceladas antes del 31 de diciembre de cada año, pero “en la documentación aportada por el PSOE no consta que se haya procedido a cancelar las operaciones de tesorería existentes”, lo que implica que el consistorio no tiene capacidad para cancelar estas operaciones.
En quiebra
Asimismo, el PP incide en que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, “ha utilizado las operaciones a corto plazo como fuente de financiación durante los años anteriores, en lugar de usar recursos propios, por lo que ha producido un déficit de tesorería durante los últimos años”.
Para el Partido Popular, resulta sorprendente la actitud del Gobierno socialista de Aldaya, puesto que ante la imposibilidad de ajustarse a la legislación vigente, los socialistas deberían haber realizado “una respuesta inmediata” en los presupuestos de 2011, que “hubieran permitido reducir los déficits generados, principalmente a través de la disminución de importantes gastos”.
Por contra, el PSOE, “ha presentado unas previsiones del estado de ingresos del presupuesto 2011 que se han realizado al alza, no considerando la realidad del ejercicio 2010, por lo que el presupuesto de ingresos está sobredimensionado y no se ajusta a la realidad del consistorio”.
Del resumen de los capítulos de ingresos se puede comprobar que las entradas reales de dinero producidas en 2010 son inferiores a las previsiones para 2011 en un importe total de 5.367.881, 11 euros, lo que implica que “el presupuesto presentado se está realizando sin tener en cuenta la realidad de la situación existente en el municipio”.
En concreto, los pagos efectuados en 2010 ascienden a 22.533.067, 38 euros, mientras que los cobros realizados suman un importe similar, pero lo concluyente es que los gastos reconocidos ascienden a 26.547.414, 18 euros, aunque lo realmente ingresado en esa fecha asciende a 222.807.032, 90 euros, importe bastante inferior en casi cuatro millones de euros, que se traducen en que “el Ayuntamiento de Aldaya gasta mucho más de lo que puede”.
El Partido Popular de Aldaya explica que “la realidad es que el Ayuntamiento está financiando el déficit que genera su mal gestión, a través de la contratación de pólizas a corto plazo, incumpliendo por tanto con la legislación vigente. Si hubiera que definir la situación de las carcas municipales con una palabra, sería QUIEBRA”.
Asimismo, indican que el presupuesto presentado por el PSOE “no plantea alternativas para la resolución de los problemas de fondo de la economía municipal, sino que profundiza más en la dirección errónea, al hinchar los ingresos y presupuestar conceptos de ingresos que, como demuestra la evolución de los últimos años, son irrealizables”.
Ley de morosidad
De igual modo, pese a que la Ley 3/2004 (29/12/2004) establece que, para luchar contra la morosidad, se debe disponer de un registro de todas las facturas o justificantes que además deberán ser anotadas en el registro oportuno. Sin embargo, el pleno no tienen conocimiento de nada de esto, “pese a que la Ley es clara a este respecto y señala que se debe dar conocimiento al pleno de cuantas facturas impagadas existan” por lo que deducimos que “o no existen facturas pendientes o que se han vuelto a incumplir las normas de la Corporación, y como suele ser habitual en este Gobierno del PSOE, se haya privado de la información establecida legalmente al órgano de representación del pueblo, el pleno”.
En cualquier caso, “parece ser que si que existen facturas pendientes, porque al pleno de mañana va el punto del día ‘Dar cumplimiento a la ley de morosidad’, lo que pone de manifiesto que el PP tiene razón y que hay facturas de 2010, pendientes de pago”.
Además, el expediente de presupuestos está incompleto porque según el art. 166 TR LRHL deberían haberse adjuntado los planes y programas de inversión y financiación, que para un plazo de cuatro años pueden formular los municipios, así como el estado de consolidación del presupuesto del Ayuntamiento con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos. Sin embargo, ninguno de estos documentos aparece en el expediente, pese a ser obligatorio por ley.
Aprobación de plantilla
Por otra parte, junto al presupuesto se presentó el expediente de aprobación de la plantilla para 2011, el cual consistía en una propuesta del concejal socialista, Guillermo Luján, y un informe jurídico de una persona ajena a la corporación municipal. Un hecho, este último que contraviene el artículo 172 del ROF (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).
Así, los expedientes deben ser realizados por el Jefe de la dependencia que corresponda, y en este caso, al estar de baja su responsable, la Secretaria de la Corporación, por lo que “este hecho nos parece un intento de manipular la información que se debe dar al pleno”.
Para el Partido Popular de Aldaya, “la utilización de informes de asesores externos sin ningún tipo de responsabilidad administrativa no garantiza la imparcialidad de los mismos” y esto es “una muestra de la política del actual gobierno socialista de Aldaya, que se enmarca dentro del total desprecio y desconfianza hacia los funcionarios municipales”.
Sentencias
Además, el Ayuntamiento no ha contemplado el pago de la sentencia 1.214/2010 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a la expropiación del solar donde se encuentra el Centro Matilde Salvador y que asciende a más de un millón de euros.
“Aunque el Gobierno puede alegar que la sentencia no es en firme, parece increíble que no se haya considerado ninguna previsión sobre esta obligación generada” porque si para el pago fuera necesario solicitar un crédito extraordinario o suplemento de crédito, no se podrá pedir porque el Real Decreto Ley 8/2010 impide acudir al crédito a aquellos Ayuntamientos excesivamente endeudados.
