El Ayuntamiento de Alcoy se interesa por los problemas de Gormaget debido a los retrasos de pago de la Conselleria
El alcalde y la concejala de Políticas Inclusivas se reúnen con la Junta Directiva de Aspromin para conocer sus principales reivindicaciones y contar con sus aportaciones para hacer un diagnóstico de las necesidades de recursos en la ciudad
El alcalde de Alcoy, Toni Francés, acompañado por la concejal de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, se han reunido este martes con la junta directiva de la Asociación pro personas con discapacidad intelectual de Alcoy (Aspromin), que cuenta con el Centro Ocupacional, Centro de Día y Residencia en Gormaget.
El objetivo de este encuentro ha sido interesarse por el retraso en los pagos por parte de la Conselleria de Servicios Sociales que vienen padeciendo los diferentes centros de la Comunidad Valenciana en los últimos meses y que también ha afectado a este en particular.
En Gormaget, estos impagos afectan tanto a los 126 usuarios (65 del Centro Ocupacional, otros 20 del Centro de Día y 41 personas de la Residencia) como al casi centenar de trabajadores. Según ha trasladado la Junta Directiva de Aspromin, el pasado mes de mayo cobraron la mensualidad de enero, situación que obliga a Aspromin a tirar de fondo económico para mantener en marcha el servicio.
La concejal de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, ha calificado esta situación como de “insostenible”, ya que los impagos “generan una gran incertidumbre tanto a Aspromin y sus trabajadores, como a las personas usuarias y sus familiares”.
Asimismo, los representantes del Ayuntamiento de Alcoy han escuchado otras demandas de Aspromin y del sector en general, que reivindica una mayor estabilidad y que se garantice la seguridad de los servicios, sin depender del cambio de Administraciones.
El consistorio, por su parte, se ha comprometido a ayudar a garantizar la viabilidad de un proyecto de centro o vivienda de respiro que la entidad plantea poner en marcha y ha convocado tanto a Aspromin como al resto de entidades sociales a plantear las necesidades de recursos de la ciudad, con el objetivo de elaborar un diagnóstico que se pretende elevar al Consejo de Inclusión y Derechos Sociales.