Más de 300 alcaldes suscriben un manifiesto por una financiación justa
Más de 300 alcaldes y alcaldesas de localidades de la Comunitat han suscrito un manifiesto por una financiación justa impulsado por la Generalitat Valenciana en el que se exige una reforma inmediata del sistema con efectos a partir de enero de 2014, el reconocimiento de un déficit acumulado cifrado en al menos 12.433 millones de euros y la ejecución de inversiones estatales equiparables al peso poblacional del territorio valenciano.
El President Ximo Puig, durante su intervención, ha insistido que estas exigencias tienen como objetivo acabar con el vigente modelo de financiación autonómico “que nos mantiene a la cola de España” en gasto por habitante, para que los valencianos y valencianas “puedan tener las mismas oportunidades que el resto de habitantes españoles, activar nuestras potencialidades para acelerar el cambio de modelo productivo y conseguir un objetivo irrenunciable, el derecho del trabajo para todos”.
Con este fin, desde la Generalitat se ha instado a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana a sumarse a este acuerdo. El jefe del Consell ha declarado ante los más de 300 alcaldes reunidos en el Salón de Cortes que “es la hora de los ayuntamientos” y ha remarcado que sin ellos “la Generalitat Valenciana no tendría la misma fuerza a la hora de exigir lo que naturalmente nos toca: el derecho de bienestar y del futuro de nuestra gente”.
En este mismo sentido, el President de la Generalitat ha destacado que los alcaldes y regidores aportan “la imagen comprometida del municipalismo valenciano” y que cuando los pueblos y ciudades valencianas se activan detrás de un objetivo compartido, “nuestra sociedad se transforma en imparable”.
Siguiendo esta misma línea, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha recordado ante los alcaldes y alcaldesas presentes que la Comunitat Valenciana “es una anomalía democrática en el conjunto del estado porque, pese a ser una comunidad pobre, paga como una rica” y que la financiación que recibe nuestro territorio “no cumple con la Constitución porque impide cumplir las obligaciones políticas, que son la garantía de los derechos de las personas”.
Manifiesto por una financiación justa
Los más de 300 alcaldes de municipios y localidades valencianas presentes en el Palau de la Generalitat, además del Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, han suscrito su adhesión al Manifiesto por una Financiación Justa que, posteriormente, ha sido leído por el conseller Vicent Soler. Este manifiesto recoge que los últimos años la Comunitat Valenciana ha sido “leal a las instituciones de España y solidaria con las restantes comunidades autónomas en las etapas de prosperidad”, y que ahora, sin embargo, “frente al victimismo insustancial y la autosatisfacción irresponsable, toca decir basta”.
En este sentido, los y las representantes municipales han acordado exigir tres medidas al Gobierno estatal para que la Comunitat Valenciana deje de ser la única autonomía con una renta por habitante inferior a la media, que recibe de los poderes públicos menos de lo que aporta, lo que han tachado como “una profunda quiebra de los principios de equidad y solidaridad”.
En primer lugar, los alcaldes y alcaldesas valencianos exigen una reforma “inmediata” del sistema de financiación autonómico, con efectos a 1 de enero de 2014, que posibilite a los valencianos y valencianas disponer de unos servicios públicos fundamentales de calidad y permita, de igual manera, el ejercicio de las competencias propias con el fin de alcanzar, al menos, la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades autónomas.
En segundo lugar, se reclama el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunitat Valenciana, cifrada en al menos 12.433 millones de euros desde 2002 a 2013, así como la definición y el establecimiento de un mecanismo de compensación de dicho déficit.
Y por último, se ha acordado exigir la ejecución por parte del Estado de unas inversiones en infraestructuras equiparables, como mínimo, al peso poblacional de la Comunitat Valenciana y compensando la insuficiencia inversora de los últimos años.
Se reivindica, en suma, como ha detallado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la necesidad de “permitir a los enfermos, escolares, universitarios, dependientes, parados y pequeños y medianos empresarios valencianos ser iguales al resto de ciudadanos españoles”.
