Los alcaldes de la Comunitat Valenciana se reúnen para frenar la inflación y la escalada de precios

El Consell prorrogará la rebaja de un 10% en las tasas y precios públicos ya rebajados. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, en las jornadas convocadas por la Generalitat “Alianza Valenciana contra la inflación” en la que han participado los municipios valencianos, la FVMP y los agentes sociales, con el objetivo de poner en común medidas para frenar la escalada de precios.

En concreto, esta medida entrará en vigor el 1 de enero y se extenderá hasta finales del mes de agosto para luchar contra la inflación: “Estamos en un mar de dificultades y somos conscientes de la complejidad enorme de la situación. Esto nos obliga a adoptar más acciones y una respuesta contundente cada uno dentro de sus competencias”.

El encuentro en el que han participado alcaldes y diputados de distintos municipios se ha discutido qué medidas se pueden implementar para disminuir el impacto de la escalada de precios en la población. Los alcaldes de Valencia, Alicante, Castellón y Elche han coincidido en que la capacidad municipal de intervenir directamente sobre la inflación es limitada y que por eso es necesario alcanzar acuerdos, eliminar la burocracia y la brecha digital para acceder a las ayudas. Una de las reivindicaciones más directas la ha hecho el alcalde de Elche, Carlos González, quien ha pedido un fondo extraordinario para que los ayuntamientos ganen en capacidad de maniobra.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha lamentado que los ayuntamientos tienen las manos atadas a la hora de revertir la inflación y ha lamentado que los alcaldes compañeros de mesa no hablen claro: “Estamos parcheando y si resulta que en este debate decimos que la Generalitat y el Gobierno de España lo están haciendo perfecto, ¿para qué nos hemos reunido?”.

En el debate se han comentado las medidas municipales que se han llevado a cabo, todas ellas paliativas para reducir la inflación, como las ayudas al transporte público en Valencia y Castellón o la congelación de tasas e impuestos en el Ayuntamiento de Elche. En esta parte de la charla, el alcalde Barcala ha lamentado que se estaba haciendo “unas olimpiadas de las medidas municipales” en lugar de exponer la realidad.

El alcalde de Valencia, por su parte, ha rechazado la idea de bajar impuestos porque los más beneficiados son los ‘acaudalados’: “El gran impuesto es el IBI sobre los propietarios y ellos no son los más afectados por el IPC. Quien mas recibiría la rebaja sería quien más posesiones tiene y, por tanto, menos necesitado está”.

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha reivindicado ayuda a un sector en concreto que se ve muy perjudicado por la inflación, los costes energéticos y el gas: el de las azulejeras del que dependen 19.000 puestos directos y 60.000 indirectos en una población -la provincia de Castellón- de 500.000 habitantes.

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha destacado que el mayor problema al que se enfrentan las administraciones es la burocracia y los trámites para llevar cualquier acción en marcha. El presidente de la Diputació ha anunciado en esta cumbre una inyección de 20 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia para combatir la inflación, partida que estará incluida en el Presupuesto de 2023 y que el dinero podrá destinarse tanto a inversión como a gasto corriente.

Tal y como les adelantó elperiodic.com, todos los municipios de la Comunitat Valenciana recibirán una aportación del Consell el próximo año, a través de cuatro fondos de cooperación, para combatir la inflación y promover las inversiones, impulsar el turismo, luchar contra la quema de espacios forestales y frenar la despoblación.

En concreto, La Generalitat está destinando 331,4 millones a los municipios de la Comunitat Valenciana a lo largo del periodo 2017-2023 a través de cuatro fondos: Fondo de Cooperación Municipal (280 millones), el Fondo para Municipios Turísticos (21 millones), el Fondo contra el Despoblamiento (20,4 millones) y el Fondo de Prevención de Incendios y Gestión Forestal (10 millones), que tienen como objetivo de vertebrar territorialmente la Comunitat Valenciana e impulsar el desarrollo de sus entidades locales.

El PP se desmarca y propone un Bono-Luz

Aunque ha habido participación del PP en la Cumbre a través de las alcaldías y diputaciones en las que gobierna, su presidente en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que las administraciones gobernadas por el PP no se unirán a la Alianza contra la Inflación y ha criticado que el documento servirá solo como “puesta en escena que en nada va a beneficiar a la pequeña economía y a las familias”. 

Lamenta Mazón que el documento solo establece obligaciones para ayuntamientos y administraciones pero ni Generalitat ni Gobierno “asumen ningún compromiso concreto” a pesar de que son “las administraciones que más tienen previsto ingresar por la subida de la luz”. 

Así ha propuesto la puesta en marcha de un bono-luz de 100M€ dirigido a micro pymes y autónomos y una central de compras de electricidad unificada para los ayuntamientos que alivie su situación por el incremento de los costes energéticos y la inflación.

En este sentido, Mazón ha recordado que la Diputación de Alicante ya ha puesto un fondo de 9 millones de euros que el próximo año subirá hasta los 15 millones y que podría sumarse a ese bono luz. Las ayudas de la Generalitat serían hasta 4.000 euros y cubrirían hasta el 50% de sobrecoste de luz y carburantes en el primer semestre del año que viene”.