El Ayuntamiento de Albal critica "el acoso" de la Agencia Valenciana Antifraude al proyecto de la estación de tren
Los trabajos en la estación de tren de Albal están acabados desde el pasado abril, a falta de la recepción definitiva de las obras y de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria concluya sus pruebas, para la consiguiente puesta en funcionamiento. Así ha quedado reflejado hoy en el acta de la reunión de la comisión de seguimiento del convenio suscrito por el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para su construcción y financiación. El consistorio ha acogido el encuentro, presidido por el alcalde en funciones Ramón Marí, junto al coordinador de Cercanías de la Comunitat Valenciana Juan Carlos Fulgencio, el subdirector Este de la estación València Nord, Juan Bautista Cano, el director técnico de la obra, Antonio López. Este organismo se volverá a reunir en septiembre y, previsiblemente, con la ausencia de Ramón Marí. El futuro gobierno local no quedará concretado hasta la celebración del Pleno de Constitución de mañana (a las 12:00 horas) en la Casa de Cultura y decidirán los pactos.
El mandatario se ha despedido de la comisión agradeciendo a todos sus miembros “el trabajo realizado que permitirá que Albal disponga de un transporte público sostenible y que nos conecte, en pocos minutos, con la capital. Ha sido un placer trabajar con vosotros todos estos años”. Ha hecho lo propio con el ex ministro José Luis Ábalos con el que se ha comunicado esta mañana por teléfono, “sea o no alcalde me gustará hacer el primer viaje en tren con él”. Mari ha atribuido la consecución de la estación, al apoyo de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes e Infraestructuras, “siempre estaremos en deuda con él”.
El trayecto para conseguir el proyecto ferroviario, “no ha sido un camino de rosas” y recuerda los palos en las ruedas de la oposición para que no prosperara, como: la denuncia anónima ante la Agencia Valenciana Antifraude que cuestiona el convenio rubricado con la ADIF, las repetitivas preguntas de Avant-Decidix y hasta el paso por la mesa del Congreso de los Diputados de la denuncia anónima ante la AVAF, de la mano de la diputada popular Belén Hoyo (en agosto del pasado año). “Todos estos hechos, apunta el alcalde han ralentizado su puesta en marcha, los trenes ya podrían estar parando en la estación”.
Y no es todo. Hoy Ramón Marí ha expuesto en la reunión que la AVAF ha vuelto a abrir un nuevo expediente por irregularidades administrativas. Esta vez se pone el foco en la contratación del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, José María Bañó León, para la elaboración del dictamen jurídico que discrepó, de manera fundada, ante las presuntas “irregularidades graves” que notificó la Agencia. El requerimiento surge a consecuencia de la firma del convenio con la Adif –suscrito el 28 de febrero de 2019-. Sobre este asunto, el consistorio celebró un pleno, con carácter urgente, para presentar las conclusiones. El dictamen de José María Baño sirvió para desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones contenidas en aquella resolución, y para justificar que ninguna de todas ellas tenía un mínimo sustento jurídico. Así, con el referido dictamen se puso de manifiesto la inconsistencia de las críticas y acusaciones dirigidas a censurar la conducta de este ayuntamiento, y que los reproches de la resolución de la AVAF resultaban ser carentes de todo fundamento.
La Agencia dice ahora que el informe externo podía haberse evitado, siendo realizado por los funcionarios municipales, que no queda justificada la necesidad del contrato, que los informes de los funcionarios no pueden suplirse por informes externos y también plantea dudas sobre el precio del trabajo.
El alcalde lamenta el acoso de Antifraude y explica que este mediodía se han enviado las nuevas alegaciones que ponen de relieve “una contradicción manifiesta y una extralimitación de competencias que desconocemos a qué obedece”. La Agencia cuestionó en el primer requerimiento a los funcionarios y al gabinete de abogados municipal, apuntándoles como responsables de una supuesta ilegalidad “¿cómo van a hacer un informe los mismos técnicos a los que se está acusando? “, se pregunta. En las alegaciones, el consistorio alega que la imparcialidad y objetividad que ha de presidir toda actuación del personal al servicio de las administraciones públicas “hubiera quedado gravemente comprometida. Sencillamente por esto, encomendar el dictamen a un profesional externo no puede calificarse de irregularidad de ninguna clase, sino todo lo contrario”.
Según hace constar el Ayuntamiento en las alegaciones remitidas este mediodía a Antifraude, “las investigaciones suponen un cerco inadmisible y una intromisión ilegítima a la autonomía reconocida constitucionalmente a las entidades locales y tales actos van más allá de las funciones y fines encomendados a aquella por dicha norma legal; sin que pueda evitarse pensar que la presente investigación encierra un acto de represalia frente a la postura adoptada por el consistorio que, apartándose justificadamente de los postulados de la Agencia, en el ejercicio de dicha autonomía, no hizo más que proveer la defensa legítima de sus intereses, como es obligado”.
