Aitana Mas destaca que la estrategia estatal contra la violencia machista 2022-25 será “un referente para el nuevo Pacto Valenciano”
Mas celebra que comunidades autónomas y Gobierno central “hablemos el mismo idioma en la lucha contra este mal estructural de nuestra sociedad”
La vicepresidenta informa que en la conferencia sectorial celebrada este martes también se ha hablado de “mejorar los criterios de reparto de fondos”
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha destacado que la Estrategia estatal para combatir la violencia machista 2022-2025 aprobada este martes será “un referente para el nuevo Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista”, que se firmará la próxima semana en Alicante.
Aitana Mas ha realizado estas declaraciones tras participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad que se ha celebrado en Madrid presidida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha contado con la presencia de representantes de las comunidades autónomas.
En esta reunión se ha aprobado la Estrategia estatal para combatir la violencia machista 2022-2025, un documento que, según ha expresado la vicepresidenta, es “un catálogo de referencia en cuanto a medidas y políticas a desarrollar por parte de las diferentes administraciones en la lucha contra la violencia machista”.
Para la vicepresidenta, la aprobación de esta estrategia “es un buen síntoma, una muestra de que las comunidades autónomas y el Gobierno central hablamos el mismo idioma y nos ponemos en consonancia en este tema tan importante como es la lucha contra la violencia machista”.
En concreto, ha destacado que “servirá de referencia en la convocatoria del nuevo Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista”, con “políticas y medidas que podemos implementar en la Comunitat Valenciana para poder combatir esta lacra que, desgraciadamente, afecta a nuestra sociedad de manera estructural”.
Asimismo, ha informado que en la reunión también se ha hablado de mejorar los criterios de reparto de la financiación procedente del Estado destinada a las políticas contra la violencia machista, “un reparto sobre el que seguiremos trabajando en las reuniones de los grupos” específicos constituidos para este fin.
