Los agricultores se quejan de la prohibición de las quemas y advierten: "Puede ser peor el remedio que la enfermedad"

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) califica de “contraproducente” la decisión de la Generalitat de prohibir con carácter general y sin matices las quemas agrícolas hasta el 16 de octubre. Según destaca el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, “dejar los restos de poda secándose durante seis meses es un polvorín y esta medida, tal como está redactada, puede resultar peor que la enfermedad al generar más incendios en el medio rural de los que se quieren prevenir”.

El aspecto de la resolución que más malestar y confusión ocasiona en las filas del sector agrario es que la prohibición de quemas no diferencia entre los campos que están a menos de 500 metros de masa forestal de los otros, donde lógicamente no existe el mismo riesgo de incendio. Tampoco introduce medidas preventivas o correctoras (como la obligación de contar con el permiso del ayuntamiento, disponer de un tanque de agua, etc.) que permita quemas particulares con la máxima seguridad posible.

El sector agrario se encuentra en estos momentos del año en plena época de poda de los cultivos leñosos, así como de arranque de árboles para transformación de las explotaciones. Estas labores, que tienen que hacerse ahora en consonancia con el ciclo natural de las plantaciones, van a dejar en el suelo multitud de restos vegetales que representan un reservorio de plagas y enfermedades y una cantidad excesiva de biomasa con potencial riesgo de incendio.

Por ello, AVA-ASAJA solicita al gobierno valenciano que contemple la posibilidad legal de autorizar quemas agrícolas con condiciones de seguridad y en aquellos momentos puntuales en los que la situación climática cambie y exista menos riesgo. En todo caso, la asociación pide un plan serio para subvencionar trituradoras a nivel particular o colectivo. Una gran parte del sector agrario valenciano ya tritura los restos de poda, pero hay agricultores que sólo pueden recurrir a la quema, sobre todo en aquellas parcelas con difícil acceso de la maquinaria, ya sea por el marco de plantación como por la orografía.

Sobre el último incendio en Tàrbena que se originó en campos abandonados, Aguado subraya que “llevamos muchos años advirtiendo a la clase política y a la sociedad en su conjunto que la mejor prevención de incendios es mantener los campos cultivados, que son el bosque verde que no se quema. Mientras que las parcelas abandonadas aceleran la velocidad de las llamas, las cultivadas frenan el avance del fuego y sirven de zona de seguridad a los bomberos. Si hemos llegado a esta situación tan preocupante, es por la falta de políticas para garantizar una rentabilidad digna en la agricultura”.

Asimismo, AVA-ASAJA insta a las distintas administraciones a mejorar la limpieza de los barrancos y los espacios forestales de propiedad pública, ya que la biomasa acumulada en los mismos contribuye a aumentar el número y la gravedad de los incendios. 

La Unió pide un plan adaptado por zonas

Por su parte, la Unió Llauradora reclama que en lugar de prohibir las quemas agrícolas se deberían tener en cuenta las realidades agrícolas de las diversas zonas y también los riesgos meteorológicos existentes.

La organización insta a la Generalitat a emitir una nota aclaratoria sobre la situación de las quemas agrícolas acerca de las distancias, excepcionalidades o cómo deben pedir de forma ágil y rápida los agricultores una solicitud de motivo debidamente justificado.

La organización considera que prohibir de forma generalizada las quemas agrícolas no es la solución en estos momentos y no se puede legislar a golpe de titular. “No se puede aplicar la misma normativa para todos, pues no es lo mismo una determinada zona que otra y no se pueden prohibir las quemas agrícolas cuando los avisos meteorológicos adversos de calor y temperaturas elevadas sean bajos o moderados”, señala Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.

En este sentido, Peris reitera que “el período de autorización de las quemas agrícolas y márgenes se adapte a la realidad agrícola de cada año y zona según las necesidades de las diversas localidades y sobre todo a las circunstancias meteorológicas”. Se debería establecer un sistema para que en función de lo que dice el Nivel de preemergencia de la Generalitat se pudiera quemar allá donde el riesgo de incendio sea de nivel bajo/medio, puesto que incluso se puede consultar a nivel de cada municipio. Por ello la organización agraria aboga por dotar a los Ayuntamientos de más competencias para gestionar las quemas y delimitar las zonas en sus términos municipales. “Pueden haber franjas de zonas agrícolas donde se limiten más las quemas y otras zonas sin peligro donde se faciliten más y por más tiempo”, afirma el secretario general de LA UNIÓ.

LA UNIÓ señala que de forma mayoritaria ya no se queman los restos vegetales, principalmente la poda, porque es más costosa que la trituración. Aun así, es necesario quemar porque estamos en pleno periodo del trabajo de poda y gestión de los restos agrícolas, y hay zonas donde no hay posibilidad de trituración de los restos de poda al tener un difícil acceso para las trituradoras o un marco de plantación que no lo permite. La quema es imprescindible también en parcelas en reconversión con arranque y posterior nueva plantación y en determinados casos es necesaria por motivos fitosanitarios.

Por otra parte, la acumulación de restos vegetales en un campo durante tantos meses puede provocar también un aumento del peligro de incendios porque es un combustible que estará muy seco al permanecer mucho tiempo en el campo o alrededores, un incremento de la fauna silvestre, sobre todo de conejos, y dificultar la gestión de las cubiertas vegetales de las parcelas y los tratamientos fitosanitarios contra plagas y enfermedades que pueden aumentar ante la presencia de los restos vegetales.

LA UNIÓ también apuesta por incentivar la ganadería extensiva para prevenir incendios y por pagar a los agricultores y ganaderos por los servicios que prestan a la sociedad. Así, propone una ayuda por cultivar las franjas agrícolas que limitan con las áreas forestales, algo que “evitaría un gran número de incendios y ahorraría una gran cantidad de dinero público, ya que esos terrenos agrícolas son los primeros que se abandonan por su baja rentabilidad”.

Las ayudas del segundo pilar de la PAC -desarrollo rural- son en las que los Estados y, sobre todo las comunidades autónomas, disponen de un cierto margen de maniobra para su enfoque y ahí podrían incluirse estas. “Sería el pago de un trabajo ecosistémico a los agricultores y ganaderos por cultivar, del que se beneficia posteriormente toda la sociedad”, asegura Carles Peris.