El TSJ admite el recurso de CSIF por vulnerar el principio de igualdad contra el decreto del Consell de becas a opositores
El sindicato CSIF explica que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la central sindical contra el decreto de becas a opositores. El sindicato recurrió el decreto 26/2019, de 1 de marzo, del Consell, al considerar que vulnera el principio de igualdad, que se ha producido una desviación de poder y que la norma resulta ineficaz.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señalaba en su recurso que el decreto citado aprobada las bases reguladoras de la concesión de ayudas a personas jóvenes altamente cualificadas para la preparación de pruebas selectivas. Esas pruebas eran de acceso a cuerpos o escalas de grupo A de la Administración de la Generalitat.
El sindicato presentó recurso contencioso contra ese ese decreto del Consell el pasado 2 de mayo. Entre los argumentos destacaba la “ruptura del principio de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública”. La central sindical subrayaba esa “vulneración”, ya que “el acceso a un empleo público debe partir de unas condiciones de igualdad para todo ciudadano y es el proceso selectivo el que determina quién es más apto”. La central sindical considera que becar a determinados aspirantes rompe con la igualdad.
CSIF sostiene que esa vulneración se produce, por otro lado, al limitar las becas al grupo A1, de técnicos, y a personas menores de 30 años. “Esas cuestiones producen una disfunción en el supuesto objetivo de las ayudas. Los mayores de 30 años también pueden resultar altamente cualificados y, si se trata de que la falta de recursos económicos no lastre a quien tenga vocación de servicio público, debería extenderse a todos los grupos y no solo A1”, indica.
La central sindical considera, en cualquier caso, que la norma resulta ineficaz y también vulnera los principios de buena regulación, ya que “no se produce un seguimiento del joven ni se le exige llegar a un resultado concreto. Carece de un sistema de evaluación”. Por otro lado, resalta que se produce una desviación de poder, ya que “la conselleria que lleva a cabo la iniciativa, la de función pública, no es la competente en materia de política social”.
Del mismo modo, en el recurso CSIF explica que “el decreto puede esconder la espúrea intención de cesar (de una forma similar a “un despido colectivo encubierto”) a todo o la mayoría del personal temporal de la Administración –por su coste, entre otros motivos-, para ´intercambiarlo´ por nuevo personal”.
