UGT exige al alcalde Vila-real que aclare el plan de negocio de Azuvi
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Vila-real aprobó el convenio urbanístico con la firma Azuvi el pasado 24 de noviembre que afecta a una superficie de 128.000 metros cuadrados, de los que 103.000 pasarán a ser propiedad municipal y albergará una zona residencial, un colegio y un centro de salud.
A cambio de la cesión de estos terrenos la empresa se comprometía a trasladarse del casco urbano al área industrial en el plazo de 8 años.
Según ha informado UGT, Rubert explicó tras el pleno que "la empresa se comprometía a poner en marcha un plan de negocio de 3 años y que no contemplaba ningún despido", por lo que el sindicato ha exigido al primer edil que "haga publico cómo afectará esto a los trabajadores".
Al mismo tiempo, el sindicato le ha solicitado que explique "cuáles son las medidas que tomará el Ayuntamiento si la empresa no cumple su plan de viabilidad después de que se haya aprobado la modificación del plan general que afecta a los terrenos de la empresa".
Por otra parte, desde UGT han querido aclarar que "ni el alcalde ni el equipo de Gobierno municipal han conseguido negociar prejubilaciones para los trabajadores de Azuvi afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE), 70 del total de 300 empleados, ya que sólo si la empresa hubiese aceptado la propuesta de los sindicatos a la hora de negociar el ERE, hubieran sido posibles las jubilaciones anticipadas para algunos de los trabajadores afectados".
En este sentido, según la sección sindical de UGT, "sí que había reservado un fondo de la Generalitat que había negociado el alcalde, que junto con las indemnizaciones que proponían los sindicatos hubiesen facilitado las prejubilaciones".
No obstante, han añadido, "no fue así y UGT considera que el alcalde, sabiendo que había una reserva de dinero de la Generalitat, hubiese podido presionar más a la empresa para lograr un acuerdo más favorable para los trabajadores y lograr las prejubilaciones".
Hay que recordar que la Conselleria de Empleo aprobó el pasado mes de octubre el expediente presentado por la Azuvi por el que los trabajadores afectados sólo tuvieron como indemnización el importe mínimo al que obliga la ley en estos casos, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses.
