ODUSALUD lanza unas guías de acciones jurídicas contra la exclusión sanitaria
Realizados en colaboración con la Sección de Derechos Humanos y extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), las Guías son un trabajo de sistematización de las trabas que ha ido estableciendo la administración sanitaria contra las que se proponen respuestas específicas previstas en la propia legislación.
La iniciativa surge para contrarrestar los efectos que el Real decreto ha producido en la Comunitat Valenciana donde el Observatorio ha recogido más de 1000 incidencias, entre las que destacan un 10% de menores, un 21,8% provocadas por la exigencia de firma del compromiso de pago o un 56,3% que corresponden a personas que no superan la barrera administrativa y no son atendidos por personal sanitario.
Es así como, los protocolos dan respuesta a los casos de vulneración del Derecho a la Salud por incumplimiento del Real Decreto ley 16/2012 en el caso de menores, de mujeres embarazadas o de urgencias; también se han desarrollado las actuaciones por incumplimiento del Programa Valenciano de Protección de la Salud -PVPS-, en defensa de pacientes de nacionalidad rumana, de ascendientes de ciudadanos de la Unión Europea o en los casos que no están protegidos ni por el Real Decreto ley ni por el PVPS.
Para cada uno de los supuestos se recomiendan distintas acciones ante las situaciones que ha ido recogiendo el Observatorio del Derecho a la Salud en la Comunitat Valenciana desde hace dos años cuando puso en marcha la recogida de los casos de vulneración del derecho a la salud. Es así como las Guías recogen qué hacer cuando se le niega la asistencia sanitaria a alguna persona, cuando se le obliga a cumplimentar la hoja conocida como "compromiso de pago" o cuando debe defenderse con la legislación vigente para evitar el pago de una facturación indebida por asistencia sanitaria.
Tanto los Protocolos como las guías de actuación están disponibles para todas las asociaciones que luchan por la derogación del Real Decreto ley 16/2012 en el estado español, aunque en cada Comunidad Autónoma deberían desarrollar un apartado propio porque no todos los gobiernos autonómicos reaccionaron igual ante la exclusión sanitaria que promovió el Ministerio de Sanidad con esta medida.
