Hacia una accesibilidad universal
Las personas mayores y las personas con diversidad funcional deben participar en los procesos de creación de las normativas técnicas, valorando las soluciones que más se ajustan a sus necesidades o preferencias.
Es necesario llevar a cabo un análisis y estudio de los diferentes modelos utilizados para la creación de un entorno accesible, tanto por los expertos en normalización que conozcan las dificultades con las que se encuentran las personas con diversidad funcional (discapacidad), como por las personas mayores y las personas con diversidad funcional, para así alcanzar un buen diseño. Debemos tener presente en este proceso la Declaración de Estocolmo (EIDD, 2004) de 9 de Mayo del 2004 donde se decía: “El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita”.
Resulta imprescindible recurrir a la definición de «ajustes razonables» que contiene la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con la cual «se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, de la igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».
La Convención también contempla (Artículo 9: Accesibilidad) que se adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, objeto de la Orden VIV/561/2010, introducen una nueva concepción en el diseño de los entornos urbanos.
El diseño actual de las políticas que afectan a las personas con diversidad funcional reconoce que la desventaja y la desigualdad de trato que sufren éstas, respecto al resto de ciudadanos, tienen su origen en las limitaciones que impone una sociedad concebida con arreglo a un patrón de persona sin diversidad funcional, más que en sus propias dificultades personales. Se debe, por tanto, dar respuesta a la necesidad y al derecho a acceder a los distintos recursos existentes con objeto de hacer efectiva la accesibilidad en el entorno.
Las administraciones, organismos y entidades, públicas y privadas, han de adecuar sus servicios y la disposición de medidas y recursos contando con asesoramiento técnico especializado y con los propios usuarios a través de sus plataformas de representación.
Es preciso que la disposición y ubicación de todas las medidas de accesibilidad y recursos se acompañe de un plan que comprenda la señalización y su fácil identificación por parte de los usuarios, un sistema de mantenimiento, revisión y reparación de los recursos dispuestos, de tal manera que permanentemente se encuentren en condiciones de uso, así como la divulgación de todo ello, de forma suficiente y reiterada, a través de mensajes directos y en soportes accesibles (materiales gráficos, páginas web, medios audiovisuales…).
Por último, destacar que esta nueva norma de rango estatal permitirá que las personas con diversidad funcional accedan a los espacios públicos urbanizados de la forma más autónoma y normalizada posible en cada caso, para poder vivir su vida y desarrollar su actividad diaria en las condiciones de igualdad, participación e inclusión más plenas.
