Cristina Domingo: “El urbanismo depredador del PP continúa con la enésima recalificación que ahora afecta a Paterna”
El caso de Paterna puede ilustrar este planteamiento, puesto que es un caso paradigmático de un municipio grande, que tiene un modelo urbanístico insostenible con multiplicidad de barrios y polígonos industriales dispersos, en el cual ahora el PP pretende recalificar casi 400 hectáreas, el equivalente a casi 400 campos de fútbol, que es la demostración palmaria de que dicen una cosa y hacen exactamente la contraria.
“Lo que demuestra este ejemplo –ha asegurado Domingo- es que el PP no tiene un modelo alternativo de desarrollo, y está insistiendo en un crecimiento especulativo y destructor del medio que nos ha traído a esta grave crisis económica. Con la propuesta de reforma del plan general de Paterna, el PP lleva a la práctica la vieja aspiración política, plasmada en la ley del suelo, por la cual todo el suelo que no está protegido es susceptible de ser urbanizado, y esto es el que piensan hacer a Paterna, y será la tónica en el resto del estado allí donde gobiernen”.
Compromís-Equo apuesta por un modelo diferente de ordenación del territorio y en ese sentido el programa electoral recoge medidas concretas como la revisión de la legislación vigente para restringir las expropiaciones forzosas sólo a casos de necesidad social justificada, y no para amparar especulaciones paisajísticas.
Asimismo se apuesta por restringir los proyectos urbanísticos que incorporen modelos de ocupación dispersa del territorio, los cuales no tienen que ser aprobados más que cuando no haya otras posibilidades de crecimiento conectado y compacte de los cascos urbanos tradicionales además de clasificar de manera sistemática como SNU (Suelo No Urbanizable) aquellas tipologías de suelo de alto valor ecológico o paisajístico.
Para Compromís-Equo también hay que paralizar los proyectos urbanísticos elaborados fuera del PGOU que modifican la planificación estructural del municipio y limitar estrictamente los proyectos urbanísticos que no se justifiquen en las demandas reales de acceso a la vivienda de los vecinos del municipio.
Del mismo modo se apuesta por la creación de un nuevo impuesto ambiental sobre el cambio de calificación del suelo rústico a otros de mayor valor añadido.