El Consell responde a Compromís que los ayuntamientos hubieran podido evitar cobrar el IBI urbano a los propietarios afectados por el PAI

La diputada autonómica de Compromís, Mònica Oltra, registró una pregunta dirigida al Consell, al respecto de los efectos de la aprobación del PAI Marina d’Or Golf (Mundo Ilusión), en Cabanes y Orpesa, preguntando al Consell si pensaba buscar el diálogo con los ayuntamientos, y que se tomaron medidas que como por ejemplo suspender el proyecto por inviable

Oltra preguntaba directamente si se puede tomar alguna medida para devolver la catalogación del suelo hasta que en su caso sea económicamente viable su urbanización

La diputada ecosocialista exponía que el gigantesco PAI Marina d’Or Golf, recibió el visto bueno definitivo del Consell a principios de 2010, pero los ayuntamientos han dejado en el cajón el proyecto, sin aprobar ellos, como los corresponde, el Programa “Este PAI se aprobó en una época de espejismo inmobiliario, donde parecía que todo era posible, que se podía urbanizar hasta el último palmo de terrenos que no tuviera un protección específica. Ahora, la solución no puede ser esperar un cambio de ciclo, porque un modelo de urbanización como el que teníamos hace pocos años no se volverá a repetir, por lo tanto, corresponde devolver las pretensiones a lo realmente asumible”.

Los primeros efectos de este proyecto insostenible lo verán este año los vecinos de los municipios afectados, puesto que al haberse aprobado primero por los ayuntamientos de Cabanes y Orpesa el PAI, y no haber defendido después los respectivos equipos de gobierno los intereses de los vecinos ante Catastro, ahora se aplicará una nueva ponencia de valores por la cual, los propietarios del suelo (centenares de vecinos, dentro de 18 millones de metros cuadrados), tendrán que empezar a pagar el IBI por el suelo de uso agrícola, y sin viabilidad de urbanizar.

En la respuesta dada ahora por la Consellera de Infraestructuras, Territorio, y Medio ambiente, Isabel Bonig, deja claro que no piensa implicarse al evitar el cobro a los afectados de un IBI por el valor urbano, de un suelo sin ninguna viabilidad de urbanizarse. La respuesta del Consell dice que “ el Consell, a través del Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre- ha establecido varias medidas porque los ayuntamientos puedan ajustar la programación urbanística en la actual coyuntura económica, y los permite incluso la posibilidad de descalificar el suelo. No obstante esto, la concreción y uso de los mecanismos arbitrados por este Decreto Ley, su repercusión sobre el IBI, es una posibilidad que compete exclusivamente a los ayuntamientos

Según esta Decreto Ley “Las DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Suspensión temporal de la ejecución de los programas

En los programas que se encuentran en ejecución a la entrada en vigor de este decreto ley, cuando causas justificadas de interés público o la viabilidad económica de la actuación así lo aconsejan, la administración actuando, de oficio o a instancia de los propietarios o del urbanizador, puede acordar la suspensión temporal, total o parcial, de la ejecución del programa por un plazo de dos años, prorrogables por otros dos años más como máximo.

La solicitud de suspensión temporal tiene que tener informe favorable de los servicios técnicos y jurídicos de la administración actuando y, después de esto, tiene que ser expuesta al público por un plazo de quince días, mediante un anuncio en el boletín oficial de la provincia correspondiente, y con simultánea audiencia, por el mismo plazo, al empresario constructor y a los propietarios y titulares de derechos y deberes afectados por la actuación.

En el caso del PAI Marina D’Or Golf, se da la paradoja que a pesar de tener en la mano este instrumento, para suspender temporalmente la ejecución del programa, y a pesar de tener el PAI aprobado desde 2010, y sin haber hecho absolutamente nada, los ayuntamientos implicados no han pedido ni aprobar el Programa, ni la suspensión temporalmente del mismo.

Igualmente, el Consell reconoce que el ayuntamiento tiene la capacidad de descalificar el suelo (por lo tanto, si el suelo volviera a ser catalogado como rústico, no pagaría IBI de urbano, como pasará de este año a 18 millones de metros cuadrados), Y también, apunta a que hay margen porque los ayuntamientos arbitren en la aplicación del IBI, hecho que han evitado los ayuntamientos de Cabanes y Orpesa, y que a pesar de tener el PAI paralizado desde el propio ayuntamiento al no aprobar los pasos pendientes, sí se ha tenido prisa por parte de los respectivos equipos de gobierno al aprobar las nuevas ponencias de valores, para poder cobrar a partir de este año a los vecinos afectados por un suelo agrícola, los tributos de un suelo urbano.