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Compromís reclama una comisión de investigación sobre el presunto soborno a cargos de la Generalitat por parte de ESABE

    El grupo parlamentario Compromís ha registrado hoy en Las Cortes Valencianas una petición de comisión de investigación relativa a los pagos de comisiones a cambio de contratos públicos producidos presuntamente entre cargos de la Generalitat y el grupo empresarial ESABE.

    La cadena SER ha hecho público hoy el contenido de algunos interrogatorios que se han realizado dentro del proceso judicial abierto contra la cúpula directiva de la empresa de seguridad ESABE por fraude a la Seguridad Social, entre otros presuntos delitos. En estos interrogatorios trabajadores y directivos de ESABE han reconocido que se ha sobornado a cargos de la Generalitat Valenciana para conseguir la adjudicación de contratos de seguridad en edificios públicos y han puesto como ejemplo el contrato del Hospital La Fe de Valencia que fue adjudicado a esta empresa.

    Según ha señalado la diputada de Compromís, Mireia Mollà, "nos encontramos ante unos hechos gravísimos que requieren ser esclarecidos de manera inmediata, es por eso que reclamamos la creación de una comisión de investigación. Se tiene que determinar qué cargos de la administración valenciana han sido presuntamente sobornados y delimitar las responsabilidades políticas por este nuevo caso de corrupción".

    ESABE ha sido premiada sistemáticamente por los diferentes gobiernos del PP con contratos de vigilancia de numerosos edificios públicos a pesar de las gravísimas irregularidades por las que desde hace años se ha condenado a esta empresa de seguridad. Se trata de una relación muy oscura y difícil de justificar entre los gobiernos del PP y esta empresa que debe ser investigada también desde el ámbito político.

    En concreto ESABE, antes de la detención el pasado mes de diciembre de sus directivos por un fraude a la Seguridad Social que rondaría los 30 millones de euros, ha recibido innumerables denuncias y condenas por vulneración de derechos laborales, ya que era práctica habitual el impago de nóminas a sus trabajadores o la subcotización; también ha sido condenada por no estar al corriente en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social por lo que ha recibido numerosas sanciones; asimismo los trabajadores de ESABE han llegado a denunciar graves deficiencias en el servicio que presta esta empresa que comprometía la seguridad de los edificios que vigilaban.

    Todos estos hechos eran conocidos por los gobiernos del PP y pese a todo esto la lista de dependencias públicas valencianas en las que ESABE ha tenido adjudicado el servicio de vigilancia es larguísima: la Conselleria de Economía, la Conselleria de Bienestar Social, todo el departamento de Salud de Valencia-La FE, el Hospital General de Requena, el Hospital de la Plana, el IVAM, la red de museos del Ayuntamiento de Valencia, el PROP o RTVV, entre otros.

    Recapitulando esta estrecha relación entre ESABE y los dirigentes del PP no es de extrañar encontrar a Rafael Blasco por medio. En el año 2002, cuando Blasco era conseller de Bienestar Social, contrató a esta empresa de seguridad bajo una de sus múltiples denominaciones a pesar de la inhabilitación que recaía sobre ella por falsificación documental. Ese mismo año otro dirigente del PP, Serafín Castellano, entonces al frente de Sanidad decidió incrementar un 70% el dinero destinado por su conselleria a la seguridad en hospitales y centros de salud. De este exageradísimo incremento presupuestario las empresas del Holding ESABE fueron las más beneficiadas.

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